Editorial El Comercio

El último domingo, Yeison Lucano Leiva, de 25 años, intentó abusar de en el centro poblado de Oventeni, en Ucayali. Como ella se resistió, el energúmeno le clavó dos estacazos en la cabeza. Cuando las autoridades la encontraron esa misma noche, la niña había convulsionado, tenía la cabeza rota, dos clavos de aproximadamente 16 centímetros incrustados en el cerebro y mostraba signos de que intentaron forzarla sexualmente. Quizás las declaraciones de la doctora Zulema Tomás, directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, a donde trasladaron el lunes a la menor y donde esperando que le salven la vida, resuman bien lo que muchos sentimos al enterarnos de este caso: “Es algo monstruoso, abominable; no se puede concebir cómo pueden haber hecho esto”.

Tres días después, en Satipo, Junín, un bebe de cuatro meses fue con signos de haber sido golpeado y abusado sexualmente. Al cuerpo le habían removido los testículos. Hasta el momento no se ha identificado a los autores del crimen.

Hace 13 días, Sergio Tarache Parra roció con gasolina y en plena vía pública a su expareja, en represalia porque esta había decidido terminar la relación que ambos mantenían. Las autoridades no solo no lo capturaron en ese momento, cuando huyó a pie durante varias cuadras que las cámaras de seguridad registraron, sino que tardaron cinco días en incluirlo en el programa de recompensas de la policía y otros siete en dictarle impedimento de salida del país. Esta última medida no es insignificante, pues Tarache es de nacionalidad venezolana y, en ese sentido, las posibilidades de que haya abandonado el territorio nacional son altas.

Este recuento, doloroso como es, resulta necesario para traer a colación un tema que, entre el maremágnum de noticias sobre la crisis política, las lluvias y los huaicos, muchas veces pasa desapercibido… hasta que casos como los aquí descritos vuelven a recordárnoslo. Las cifras no dejan espacio para la duda.

Solo en enero y febrero el Ministerio de la Mujer ha registrado y otros 33 crímenes que podrían calificar como tales; así como 1.704 casos de violación sexual, de los que 1.112 (esto es, el 69%) tuvieron como víctima a un menor de edad. Y hablamos solamente de los primeros dos meses del año. Como bien señaló la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, , “estamos tocando fondo” y no podremos salir de él si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo hasta el día de hoy.

Del lado del Estado, hay muchísimo por hacer. Es crucial reformar la manera en la que las instituciones encargadas de prevenir estos delitos y sancionar a quienes los cometan vienen actuando. El caso de Tarache Parra es ilustrativo en la medida en que las autoridades se demoraron clamorosamente en tomar una serie de decisiones que podrían haber condenado este caso –esperemos que no sea así– a la impunidad. Pero, al igual que él, existen decenas de feminicidas que , algunos de ellos desde hace varios años, sin que se vean mayores esfuerzos por parte de la policía por atraparlos. Y es necesario que el Gobierno, sea quien sea el que lo presida, haga de esta lucha una prioridad para su gestión. Este mal no puede abordarse de manera desarticulada.

Del lado de la sociedad, es necesario que reflexionemos sobre la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos y actuar cada vez que podamos para evitar que estos execrables hechos se repitan. Casos como el difundido esta semana, donde el ‘influencer’ conocido como Makanaky reconoce sin desparpajo años atrás en una entrevista, deben llevarnos a pensar sobre todas esas conductas y pensamientos que como sociedad toleramos, y que terminan por justificar episodios de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país.

Las cifras de feminicidios y violaciones sexuales a menores en lo que va del año son espantosas y deben interpelarnos a todos, pues cada uno de nosotros tenemos una cuota de responsabilidad en esta situación y, por lo mismo, podemos hacer algo para salir de este foso en el que innegablemente nos encontramos.

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