Desde que el presidente Martín Vizcarra anunció en su mensaje por Fiestas Patrias un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones al 2020 como remedio a la crisis política, la conocida tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha recrudecido. En las últimas semanas, mientras el Parlamento ha cuestionado la medida y a quienes la plantearon, el Gobierno ha tratado de sustentar su pertinencia como solución a la pugna entre ambos poderes.
No obstante, aunque las supuestas cualidades sanadoras del adelanto de los comicios han sido harto publicitadas por el jefe de Estado y su equipo, al momento de explicar cómo la medida surtirá el efecto anunciado el Gobierno ha sido poco elocuente y, en consecuencia, poco convincente, especialmente ante un Congreso que en su mayoría entiende la propuesta como un ataque. Un ejemplo claro de ello ha sido la presentación del primer ministro Salvador del Solar el miércoles pasado frente a la Comisión de Constitución, la primera instancia parlamentaria que tendrá que aprobar el referido proyecto.
En su exposición, Del Solar insistió en que la iniciativa del Ejecutivo, “dadas las circunstancias políticas que hemos venido atravesando en estos últimos años, se trata de la mejor manera de ofrecerle una salida política a nuestro país”. Así, aludió al hecho de que el Gobierno se enfrenta a una mayoría opositora en el Congreso y a que “nos encontramos en un contexto de extremada polarización política”. También acusó la existencia de una crisis de confianza propiciada por los casos de corrupción que han golpeado al país, como Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto.
Si bien es difícil discrepar con el resumen que hace el primer ministro de la tesitura política, habida cuenta de que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo ha sido, en efecto, tormentosa y que la corrupción ha motivado buena parte de la animadversión de la ciudadanía hacia los políticos; la manera en la que el adelanto de elecciones contribuirá a cambiar todo esto aún no queda clara. Especialmente cuando las razones expuestas no han sido exclusivas a este Congreso y a este Gobierno.
En lo que concierne a la confrontación, por ejemplo, esta difícilmente podría juzgarse como algo fuera de lo común. Es cierto que en los últimos años las invectivas de uno y otro lado han sido particularmente ácidas, pero es habitual que exista tensión entre dos poderes destinados a contrapesarse y deberían, por ello, sentirse conminados a buscar consensos. Es innegable que este Parlamento de mayoría fujimorista ha mostrado estar dispuesto a socavar la gobernabilidad a punta de interpelaciones, censuras, vacancias e investigaciones fútiles, pero el Ejecutivo ha respondido valiéndose de cuestiones de confianza (algunas con antojadizas “esencias” a ser respetadas) y un referéndum con reformas con cuestionables efectos, como la no reelección de congresistas y el rechazo a la bicameralidad. En todos los casos, actitudes que contribuyen a agudizar las fricciones y debilitar cualquier diálogo que se pretenda.
La crisis propiciada por la corrupción, por su parte, ha sido agravada por el continuo blindaje del fujimorismo y el aprismo a personajes sindicados como parte de Los Cuellos Blancos del Puerto y por los cuestionamientos al acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, pero una renovación desde las urnas no es por sí sola una solución. La corrupción tendrá que remediarse sobre todo desde los tribunales y el equipo especial del Caso Lava Jato está ofreciendo resultados positivos en ese sentido.
Frente a esta coyuntura, así como desde este Diario comprendemos que el Congreso se ha granjeado a pulso el desprecio ciudadano y, en consecuencia, las ganas de muchos de verlo renovado, también consideramos que el Ejecutivo ha hecho poco por paliar la crisis y la manera en la que pretende concretar el adelanto de elecciones lo demuestra. A pesar del énfasis en el diálogo, el Gobierno insiste en golpear en lugar de convencer. Un ejemplo es el spot de la Presidencia del Consejo de Ministros que llama a la ciudadanía a ‘hacer que sucedan’ los comicios anticipados frente a una decisión que está en manos del Parlamento.
Así las cosas, si el presidente Vizcarra pretende lograr el adelanto de elecciones, tiene que revisar la estrategia que está empleando para convencer a los legisladores y a los ciudadanos (una reciente encuesta ha revelado que el apoyo por la medida se ha reducido). Para ello tendrá que explicar con mayor claridad cómo el remedio prescrito solucionará el problema diagnosticado.