Editorial: Gato en despensero

Las AFP no son las empresas más populares. Ello se debe en parte a que no forman parte de un mercado propiamente libre –basado en la voluntad de sus clientes–, sino que son un servicio obligatorio incómodo; en parte a que existe mucho desconocimiento en la población sobre el mercado previsional; y en parte también a sus propios errores y miopía. Es por eso que cualquier iniciativa legal que parezca perjudicar el negocio de las AFP en supuesto favor de sus afiliados automáticamente suma algunos puntos políticos. Ahí están para probarlo, por ejemplo, las normativas sobre el retiro anticipado, la disposición del 25% del fondo acumulado para la compra de la primera vivienda, o el retiro del 95,5% del fondo total al cumplirse la edad de jubilación. 

Este contexto de animadversión popular y política hacia las AFP hace incierto el futuro del sistema previsional y posible reformas que perjudican –a la larga– a los afiliados. Curiosamente, una de las propuestas más recientes y potencialmente riesgosas sobre la reforma del sistema proviene no de una iniciativa de corte populista del Congreso, sino de la Comisión de Protección Social (CPS), nombrada por el Ejecutivo a inicios de año. Como se sabe, esta comisión tenía el encargo de sugerir propuestas en materia de salud, laboral y previsional, y presentó su informe final la semana pasada. 

En concreto, lo que la CPS sugiere es la creación de una “entidad centralizadora” que se encargaría de gestionar toda la relación con los afiliados al sistema, recibir sus aportes, administrar sus cuentas, pagar los beneficios, y seleccionar vía licitación a los gestores de carteras de inversión (GCI) –entidades que reemplazarían a las actuales AFP–. Según la CPS, esta centralizadora “podría ser un ente público […], o un monopolio privado debidamente regulado”, para a continuación mencionar que “la ONP puede constituirse en la base de este nuevo ente centralizador, aunque pueden evaluarse otras alternativas”. 

Si bien es cierto que teóricamente existen algunas ganancias de eficiencia en el proceso de centralización que sugiere la CPS, la verdad es que forzar una estructura monopólica elimina los incentivos de mejora que trae la competencia de mercado y es sumamente riesgoso –más aun si existe la posibilidad de que ese monopolio sea público–. La misma CPS menciona que la centralizadora “tendría que ser independiente, profesional, eficiente, bien regulada, y sujeta a estándares altos de gobierno corporativo, transparencia y rendición de cuentas”. En este punto, no puede uno dejar de preguntarse cuántas entidades públicas cumplen con esos mismos requisitos. 

Más bien, por lo general, el monopolio público ha probado ser en el Perú una de las estructuras de mercado menos eficientes y competentes. La actual composición del mercado previsional está fragmentada entre las AFP, la ONP y Pensión 65, es ineficiente y es poco inclusiva, pero de todo ello no se desprende –ni de cerca– que la solución sea un monopolio público. Esto último abre además las puertas a potenciales intromisiones políticas y populistas en el manejo del dinero de los afiliados. 

Como en otras secciones de su informe, en lo que respecta al mercado previsional, la CPS parece suponer que el Estado Peruano es más institucional y financieramente sólido de lo que en realidad es. Sus planteamientos –aparentemente inspirados en estados de bienestar europeos– parecen pasar por alto que un sector público que aún no es capaz de llevar agua o seguridad a sus ciudadanos –por mencionar dos ejemplos elementales–, difícilmente podrá gestionar eficientemente los miles de millones de soles de los afiliados del sistema previsional.