Editorial: La guerra parcial

Por sus ramificaciones en materia de corrupción y violencia, el narcotráfico es, sin duda, uno de los principales problemas que enfrenta el país. Y las cifras lo confirman: en el 2012 nos establecimos como el primer productor del mundo de hoja de coca al superar a Colombia en la cantidad de hectáreas dedicadas a ese cultivo (60.400 frente a 48.000).  Y, pese a que el presidente de la República declaró en abril que se está “trabajando en diversos niveles, desde la revisión de procedimientos aduaneros hasta la mejora de procedimientos para la incautación de insumos químicos, a través de las rutas fiscalizadas, así como la reducción de las hectáreas de hoja de coca”, seguimos encabezando también la lista de los países productores de cocaína. 

¿Existe algo que el Estado pueda hacer al respecto, más allá de lo que ya hace? Probablemente sí. Como se sabe, una de las armas fundamentales para combatir el incremento de la producción de drogas en el territorio nacional es el control y registro de los insumos químicos que son importados por vías legales y luego desviados a actividades ilegales, una tarea que desde el 2013 está a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

La razón de que se encomendase semejante responsabilidad a una entidad que, en principio, nada tenía que ver con la lucha contra el narcotráfico fue que, cuando dependía del Ministerio de la Producción (Produce), el registro en cuestión era deficiente, y la experiencia que tenía la Sunat precisamente en esa materia –se supuso– podía aportar al proceso determinadas ventajas técnicas.

Los resultados, no obstante, no han sido muy alentadores. Como muestra el informe de la edición del 1 de junio de este Diario, en el 2014 se incautaron 6.260 toneladas métricas de insumos químicos, de las cuales 3.696 correspondieron a la Sunat y 2.564 a la Policía Nacional. Y si bien esto es casi tres veces la cifra del total incautado en el 2013 (2.240), está lejos de ser una cantidad importante.

Como es obvio, cifras oficiales sobre este particular no existen. Pero un documento del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IEIUC) estima que son cerca de 40 mil toneladas de esos insumos las que se usan para elaborar cocaína en el país. Es decir, en el último año se habría incautado solo un 16% del total. Y de ese porcentaje, menos de dos tercios habrían correspondido al trabajo de la Sunat. 

En otras palabras, aunque supera al de Produce (que incautó solo 1.930 toneladas en el 2012), su esfuerzo tampoco ha conseguido un impacto sustancial. Y, en realidad, tampoco cabía esperar que lo tuviera, pues el registro de ingreso de insumos químicos es, en el fondo, una medida débil. Un mero trámite burocrático como ese puede ser burlado a través de la creación de empresas fantasmas que se cierran cuando el desvío está hecho. 

La Sunat, por otra parte, carece de los especialistas necesarios para detectar en qué cantidad y en qué combinaciones se puede producir la droga (una lista de 35 químicos que deben ser registrados por las empresas puede ocasionar simplemente que los ‘cocineros’ cambien de receta). Y ciertamente no puede realizar el trabajo policial de investigar a las distintas personas que desvían los insumos desde el lado formal al ilegal.

Las formalidades establecidas, además, no solo son predecibles y en esa medida fáciles de obviar para las personas que conozcan el sistema a la perfección, sino que tienen el efecto negativo de aumentar las barreras burocráticas para las empresas dedicadas a negocios legítimos. 

El presidente Ollanta Humala no debe ignorar que en su gobierno hemos llegado a ser los mayores productores de coca y su pernicioso derivado, ni que una visión tan parcial del problema tiende a soslayar su dimensión económica. No olvidemos que existe un porcentaje de la población que subsiste gracias a los cultivos relacionados con este flagelo y que, por lo tanto, un ataque estructurado al narcotráfico debería buscar darles a esas personas alternativas y no solo hacerle la vida más difícil a las empresas que importan químicos.  

Una guerra parcial a este problema conduce solo, en el mejor de los casos, a una victoria parcial. Y a estas alturas necesitamos mucho más que eso.