Editorial: Intenciones reveladas

Dos días atrás, en un evento en el Cusco, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, tuvo un arrebato de sinceridad. “Canal 7 debe llegar en [sic] todas las regiones; no llega. Inclusive ahora Canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño. También tenemos que hacer cambios ahí para que, de una vez por todas, el Canal 7 eduque a las personas y llegue a los rincones más alejados de nuestra patria”. Horas después, y luego de la andanada de críticas que había recibido de parte de organismos como el IPYS, el CPP y algunos exdirectores del IRTP (la entidad que administra Canal 7) por lo que a todas luces era una intimidación hacia TV Perú por sus cuestionamientos al Gobierno, el funcionario se vio obligado a ensayar una especie de repliegue.

“Con respecto a mis declaraciones sobre el canal del Estado en la ciudad del Cusco, debo precisar que han sido sacadas de contexto, por cuanto se enmarcaban en un tema de educación y conectividad”, tuiteó. La verdad, no obstante, es que sus declaraciones iniciales fueron tan claras que no necesitaban ningún tipo de ‘precisión’. “Canal 7 nos golpea a nosotros” es una oración en la que el verbo “golpear” solo puede interpretarse en un sentido (en este caso, el de cuestionar), al igual que el objeto directo del predicado “a nosotros” (esto es, al Gobierno). Salvo que ahora haya contenidos educativos de TV Perú que ‘golpean’ al Ejecutivo o que el adjetivo ‘extraño’ haya sido una referencia a la falta de conectividad del canal, es evidente que estamos frente a una amenaza.

El problema de fondo con los dichos del ministro Silva, sin embargo, no es que aparezcan como frases aisladas dentro del Gobierno; sino que, más bien, aparecen perfectamente alineadas con el discurso de una administración cuyo compromiso con la libertad de prensa es bastante precario.

Pensemos, por ejemplo, en las demoras y objeciones que Perú Libre (tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso) ha exhibido respecto de la firma de las declaraciones de Chapultepec y Salta. Lo que tales declaraciones señalan es bastante elemental, pero no por ello menos necesario de ratificar en una coyuntura como la actual. Afirmar que las libertades de expresión y prensa son un derecho de las personas y no una concesión de quien ostenta el poder, o que quienes gobiernan un país están obligados “a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público” podría parecerle a alguien la mera recitación de verdades de Perogrullo. Y, sin embargo, la historia ha demostrado la facilidad con la que esos principios pueden ser atropellados por regímenes de ideologías y reflejos autoritarios.

Como se sabe, hace algunas semanas la presidenta y el director ejecutivo del CPP se reunieron con el presidente Pedro Castillo para invitarlo a firmar la Declaración de Chapultepec… Y lo que obtuvieron del mandatario fue un compromiso de “estudiarla y analizarla” para luego enviar una respuesta por escrito, que hasta ahora no llega. Lo cierto, no obstante, es que a la libertad –sea esta de prensa, información o cualquier otra– no se la “estudia” para ver si merece ser concedida. Sencillamente se la practica y respeta; sobre todo, cuando se está en una posición de poder.

Peor aún, días atrás, la bancada de Perú Libre divulgó un pronunciamiento en el que expresaba “su total y absoluto rechazo a la presión política y mediática que se viene ejerciendo sobre el presidente” para que firme la Declaración de Chapultepec, así como la de Salta. Las razones de ese rechazo, sin embargo, no son explicadas en el texto.

Si a esto le sumamos las agresiones de parte del equipo de la seguridad y de prensa del mandatario a dos reporteras semanas atrás, los insultos del ministro Bellido a otro periodista y el proyecto de ley presentado por la bancada oficialista para una “redistribución justa y equitativa del espectro radioeléctrico”, hay que decir que la amenaza del ministro Silva contra TV Perú, más que una frase sacada de contexto, parece una declaración de intenciones.