Editorial: Esparcir el silencio

El plan de gobierno original de Perú Libre, presentado al JNE en enero de este año, incluía la necesidad de implementar “una ley de medios y no confundir libertad de prensa con impunidad”. Además, declaraba que “el socialismo no aboga por la libertad de prensa, sino por la prensa comprometida con la educación y la cohesión de su pueblo”, para terminar afirmando que Vladimir Lenin tenía “gran razón” cuando señaló que “la verdadera libertad de prensa en una sociedad solo es posible cuando esta se libere del yugo del capital”.

Desde la publicación de su plan de gobierno, Perú Libre ha moderado por el momento algunas de sus posiciones más radicales –como la nacionalización de los recursos naturales– pero, con respecto de su visión sobre el rol de la prensa, el partido ha sido mucho menos transigente. El silencio del presidente Pedro Castillo con los medios de comunicación, el maltrato de su equipo –incluyendo del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido– a diversos periodistas y las limitaciones a la cobertura de eventos oficiales son apenas muestras de la actitud hostil del gobierno frente a la prensa libre.

La semana pasada, no obstante, se dio quizá el paso más serio desde Perú Libre para controlar el ejercicio periodístico. La bancada oficialista presentó un proyecto de ley para “declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético en radio, televisión y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”. A pesar de lo abstracto y redundante de la fórmula legal utilizada, la intención de la iniciativa legislativa a todas luces es amenazar a los medios de comunicación que informen de manera distinta a las preferencias del gobierno.

No sería esta la primera vez que desde el Congreso se intenta intervenir de una forma u otra en los medios de comunicación. Legislaturas anteriores impulsaron normas para eliminar la publicidad estatal en medios privados, controlar su accionariado, restringir el ejercicio de la profesión a personas colegiadas, entre otras iniciativas perniciosas para la libertad informativa. La diferencia es que esta vez la propuesta legal facilitaría una intervención mucho más amplia a los medios de comunicación de parte del gobierno y que, obviamente, a diferencia de ocasiones anteriores, es probable que en esta ocasión la norma sea recibida con simpatía por el Ejecutivo.

Estos esfuerzos, por supuesto, no son muy distintos a los que se han visto ya en otros países de la región. En el caso de Ecuador, por ejemplo, el expresidente Rafael Correa se valió también de modificaciones normativas desde la Asamblea Nacional para acosar legalmente a los periodistas críticos a su labor. Curiosamente, el plan de gobierno de Perú Libre cita diversos puntos del modelo ecuatoriano impuesto por Correa con respecto de los medios de comunicación como ejemplos por seguir.

En el manual del autócrata latinoamericano moderno, decíamos en otra oportunidad desde estas páginas, el control de la prensa es uno de los primeros puntos de agenda. Por eso, al margen de simpatías políticas, la defensa de la libertad de opinión y de información es una bandera que no se negocia. Esto debería estar claro para cualquier grupo o individuo que se precie de mantener valores democráticos, incluso para los aliados del gobierno de turno. Y si, a juzgar por sus declaraciones, opacidad y propuestas legislativas, al partido oficialista le es incómoda la prensa libre, pues con mayor razón esta deberá ejercer su rol informativo, vigilante y fiscalizador.