Editorial: Hacia la izquierda y atrás

Esta semana se presentó el equipo económico del partido de izquierda Frente Amplio. La ocasión fue aprovechada para exponer las diez principales medidas económicas que la agrupación liderada por la congresista Verónika Mendoza promete implementar de alcanzar la presidencia.

Aunque, según las encuestas, el entusiasmo que recibe el Frente Amplio de los potenciales votantes es escaso, no está de más comentar algunos de los objetivos e iniciativas que se expusieron como parte central de su plan para reactivar la economía. Después de todo, más de un asesor económico del frente lo fue también de Gana Perú en el 2011.

Es justo, para empezar, reconocer el inusitado énfasis que hoy la izquierda le asigna al crecimiento económico. En efecto, “lograr que la economía peruana crezca en promedio un 6% anual” es uno los principales objetivos económicos del Frente Amplio, y ello habla acerca del tardío pero necesario convencimiento en parte de la izquierda de que no se puede repartir aquella riqueza que primero no se ha creado.

Dicho eso, tanto la forma como el fondo de las propuestas planteadas por el partido de la señora Mendoza hacen discutible la factibilidad de que un eventual gobierno del Frente Amplio logre un crecimiento del PBI tan ambicioso como el que prometen. 
Respecto de la forma, expresiones como la “crisis del modelo neoliberal primario-exportador” o la “superación del patrimonialismo” como “herencia colonial”, incluidas en su plan de gobierno, abundan en el documento y apuntan a una izquierda que aún no se ha logrado sacudir exitosamente de las taras que determinaron la debacle económica del país en los años setenta y ochenta. Para bien o para mal, el lenguaje y el tipo de expresiones elegidas importan, y el Frente Amplio parece haber fallado este primer examen si de generar confianza e inversiones se trata.

Respecto del fondo, entre las diez principales medidas económicas del partido de la señora Mendoza, y las incluidas en su plan de gobierno, hay algunas que resultan interesantes. Entre ellas destaca, por ejemplo, la necesidad de dotar de mayor competencia al sistema privado de pensiones a través de la inclusión de bancos y cajas, iniciativa sobre la cual nos hemos pronunciado a favor en estas páginas.

Sin embargo, la mayoría de iniciativas económicas planteadas por el Frente Amplio revela una profunda insuficiencia práctica de los técnicos del partido en la manera de atraer nuevas inversiones, generar empleo y, finalmente, reducir los índices de pobreza. 

Ahí está, por ejemplo, el llamado a reducir la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva (BCR) para otorgar créditos menos costosos a los microempresarios y pequeños empresarios. La propuesta no solo peca de impracticable –el  BCR es una entidad constitucionalmente autónoma que no responde al Ejecutivo–, y de poco efectiva –no queda clara la manera en que el Frente Amplio entiende que una reducción en la tasa de referencia se traduce necesariamente en menores tasas de interés para los microempresarios–, sino que revela la extensión hasta la cual el partido de izquierda está dispuesto a interferir en asuntos clave de estabilidad monetaria y libertad económica para alcanzar sus fines políticos.

Por su parte, el incremento del sueldo mínimo a S/1.000 mensuales, el aumento del drawback para las exportaciones y la aplicación de salvaguardias y medidas antidumping para las importaciones no hacen sino preservar los intereses de una minoría privilegiada y con voz poderosa en desmedro de una mayoría silenciosa, con menos recursos, y sin canales de representación adecuados. 

El Frente Amplio se revela entonces, en toda su extensión, no como el defensor de los derechos de los que menos tienen, sino como el impulsor de aquellas medidas rentistas, discriminatorias y anticompetitivas que tanto han hecho para fortalecer la informalidad y la carencia económica en el país.

La lista no acaba ahí. La modificación estructural de la política macroeconómica (que, mal que bien, le ha granjeado tantos créditos al Perú) para hacerla más flexible, la renegociación unilateral de los contratos energéticos, el incremento inopinado de la inversión pública, la regulación de fusiones y adquisiciones, entre varias otras, son medidas que se han ensayado antes, una y otra vez, sin resultados satisfactorios.

Con un plan de esta naturaleza, en un eventual gobierno suyo, para la señora Mendoza el no poder cumplir con su promesa de crecimiento del 6% anual será el menor de los problemas. El no llevar al país a donde estuvo en los años setenta y ochenta, el principal.