Editorial: ¡Jóvenes a la obra!

Tras varios días de debate, ayer el presidente Ollanta Humala firmó la ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social, cuyo objetivo es fomentar la contratación de jóvenes de 18 a 24 años mediante la creación de un régimen más flexible.

Así, el gobierno ha propuesto una medida que apunta a resolver un problema medular de nuestra sociedad: la precaria situación laboral de nuestros jóvenes. Según un reporte de esta semana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), mientras que en Lima el empleo aumentó 1,2% en el último año, este disminuyó en 1,8 en el grupo de 14 a 24 años. Asimismo, en lo que respecta al ingreso mensual, si bien en el caso de los jóvenes este subió 3%, este crecimiento fue menor que el de los trabajadores de mayor edad. Además, según el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, la tasa de desempleo entre los jóvenes triplica al promedio general. 

Dada esta preocupante situación, es positivo que el gobierno haya decidido romper con la inercia estatal de mantener un mercado laboral rígido y proteccionista, lo cual promete traer beneficios para nuestras futuras generaciones y la economía. Examinemos por qué. 

La cruda realidad de nuestro país es que aún tenemos una de las cargas laborales más pesadas de la región. En efecto, en nuestro país, los sobrecostos salariales (todo lo que el empleador tiene que pagar por cada trabajador y que no se va a los bolsillos de este) representan alrededor del 60%, mientras que en Chile y México constituyen únicamente el 31,7% y 36,4%, respectivamente. Por otro lado, según el Ránking Global de Competitividad, nos encontramos en el puesto 130 de 144 países en la categoría “facilidad para contratar y despedir trabajadores”, lo que demuestra que somos una economía poco competitiva. Como consecuencia de estas supuestas protecciones laborales, lo único que se ha conseguido es que miles de peruanos –en su mayoría jóvenes– no puedan acceder a un empleo formal.

Por ello –pese a las críticas de los ex presidentes Alan García y Alejandro Toledo, quienes observan que con esta ley las empresas no estarán obligadas a pagar a sus empleados gratificaciones, CTS, seguro de vida y utilidades–, la verdad es que los jóvenes que se acojan a esta norma de manera voluntaria sí tendrán beneficios, como una remuneración mínima, jornadas de ocho horas diarias, descanso semanal, vacaciones, descanso por feriados, seguro de Essalud (y seguro complementario de riesgo de trabajo cuando corresponda) y protección contra despidos injustificados. Todos inexigibles en el mundo de la informalidad. Y, lo más importante, ¿es mejor que un joven recién egresado tenga un trabajo formal en que pueda ir capacitándose o que trabaje al margen de la ley sin ninguna protección? 

Por otro lado, esta ley es positiva, pues uno de los grandes problemas que enfrenta el país es el desfase entre la calidad educativa de los centros de estudios del país y lo que las empresas demandan. Es decir, lo que esta ley busca es que los jóvenes entren al mercado laboral rápidamente y se puedan capacitar para que luego accedan a un mejor sueldo y eleven su calidad de vida. Esto, a su vez, tendrá un impacto positivo en la economía, pues una fuerza laboral mejor capacitada incrementa la productividad y genera un efecto positivo en el PBI en el largo plazo. Esto fue lo que precisamente ocurrió en la década de 1970 en Singapur, cuando se tomó la decisión de capacitar a su fuerza laboral, hecho que llevó a este país a tener una de las tasas de crecimiento más altas durante muchos años.

Si bien es cierto que lo óptimo sería optar por una flexibilización general de la normativa laboral, debemos felicitar al gobierno por este primer paso, pues permitirá que miles recuerden la frase de Manuel González Prada: “¡Jóvenes a la obra!”.