(Fotos: Lino Chipana / Archivo El Comercio)
(Fotos: Lino Chipana / Archivo El Comercio)
Editorial El Comercio

En medio de una serie de acontecimientos políticos, como la admisión de un segundo pedido de vacancia presidencial, la filtración de información financiera relacionada al mandatario y el interrogatorio de la comisión Lava Jato a Pedro Pablo Kuczynski, en los últimos días se vienen discutiendo en el Congreso propuestas legislativas reñidas con la Constitución y con un manejo responsable del tesoro público. 

Nos referimos, en primer lugar, a la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, que fue aprobada por insistencia el último jueves en el pleno del Congreso, desechando las observaciones del Ejecutivo. Esta norma –como indica la autógrafa del texto legislativo– busca “establecer un régimen exclusivo para los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial (PJ)”. De esa forma, se los exceptúa de la Ley Servir (2013), que busca ordenar la caótica maraña de distintos regímenes laborales existentes en la administración pública e instaurar el mérito como principal criterio para la contratación, capacitación y promoción de los funcionarios públicos.  

Con la nueva excepción, el Congreso no solo desconoce el principio de igualdad y la sentencia del Tribunal Constitucional del 2016 en contra de establecer exclusiones injustificadas a la Ley Servir, sino que, además, crea una serie de contingencias económicas (pago de CTS, gratificaciones, compensaciones vacacionales, entre otras) derivadas del cierre de los actuales regímenes laborales en el sistema judicial y el paso a uno especial, tal como fue advertido por el Ejecutivo pero ignorado por el Parlamento. 

La flamante norma establece también un nuevo proceso disciplinario para los trabajadores administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial, que otorga un rol preponderante al “jefe inmediato del trabajador judicial” (quien, como resalta la observación del Ejecutivo, podría omitir cumplir con su tarea), y que desconoce las potestades de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). 

Por si fuera poco, un proyecto de ley del congresista Francisco Villavicencio (Fuerza Popular) se presentó el último jueves para exonerar de los alcances de la Ley Servir a la Sunarp por un plazo de 10 años. Este se suma a sendos proyectos del Apra y del Frente Amplio para excluir la Sunat y las municipalidades de este régimen. Quizás, además, la lista se alargue: la congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) anunció hace algunas semanas que estaba trabajando un proyecto para lograr que la norma no se aplique a los trabajadores del Consejo Nacional de la Magistratura. 

Las modificaciones a la Ley Servir, sin embargo, no son las únicas propuestas para implementar tratamientos diferenciados entre los trabajadores públicos. Existe un predictamen en la Comisión de Trabajo del Congreso que propone pasar a planilla a trabajadores estatales que se encuentran bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Con dicho documento, se consolidan hasta siete iniciativas legislativas dirigidas a funcionarios CAS del Ministerio Público, Poder Judicial y Reniec. 

Los trabajadores CAS, ciertamente, no gozan de los mismos beneficios ni estabilidad laboral que los trabajadores de planilla (bajo el ámbito de los decretos legislativos 276 y 728), pero es absurdo pensar que el Estado pueda financiar mágicamente la conversión de un régimen a otro sin antes reducir los costos y la rigidez laboral que permita sincerar la planilla estatal sin ocasionar un desequilibrio presupuestal de proporciones inmanejables. 

Como advertimos hace unos meses en este Diario, sin embargo, era previsible que otras entidades públicas buscaran el trato preferencial que el Congreso le había conferido a Essalud en su momento, cuando aprobó una ley que establecía la conversión de sus cerca de 12.000 trabajadores CAS al régimen de planilla, sin tomar en cuenta que el costo de dicha medida está estimado en S/50 millones. Si siguiéramos por este camino, ¿a cuánto ascendería el costo de pasar a planilla a los más de 250.000 trabajadores CAS en todo el Estado?  

Los congresistas, en lugar de proponer reformas serias que reduzcan los costos y sobrecostos laborales y que permitan un trato igualitario para todos los trabajadores estatales, prefieren buscar bolsones de votos gastando un dinero que no es suyo, sino de todos los contribuyentes.