Editorial: La otra clasificatoria

Esta semana, la agencia clasificadora Moody’s, una de las tres grandes a nivel global, redujo el nivel de la deuda de largo plazo del Perú, externa y local, de A3 a Baa1. En simple, esto significa que la deuda emitida por el Estado Peruano es percibida hoy como más riesgosa que antes y, por lo tanto, sujeta a mayores tasas de interés para nuevos préstamos.

La reducción de la calificación crediticia vino como una mala noticia, pero difícilmente como una sorpresiva. La agencia en cuestión tenía una perspectiva negativa de la deuda nacional y representantes suyos habían expresado ya preocupación por el rumbo de la economía peruana. Al mismo tiempo, el deterioro de diversas variables macroeconómicas y financieras, como el tipo de cambio y las expectativas de déficit fiscal, era un preludio clásico a rebajas crediticias de este tipo.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gobierno ha intentado pasar por agua tibia la reclasificación y lo que esta significa. La entidad y su titular, Pedro Francke, han apuntado que varios países de la región han sufrido una revisión similar desde el inicio de la pandemia y que –en términos relativos– el Perú mantiene una macroeconomía sólida.

Ambas afirmaciones son ciertas, pero conviene darles mayor contexto. Respecto de la primera, el deterioro de la calificación crediticia de varias naciones desde marzo del año pasado tuvo como origen central la erosión de las cuentas fiscales causada por la crisis del COVID-19. Mal que bien, y en parte gracias a su fortaleza fiscal, el Perú logró por año y medio evitar una reclasificación a la baja. Que esta se haya dado en setiembre del 2021, pues, no responde al mismo proceso sino, como el propio Moody’s explica, se debe a un entorno político cada vez más polarizado y fracturado que ha socavado la eficacia de la formulación de políticas.

Respecto del segundo punto, si bien es cierto que el Perú aún goza de buena reputación crediticia comparado con sus pares, también es verdad que estos primeros campanazos de alerta son motivo de preocupación y mal haría el MEF en desoírlos. Es la primera vez en dos décadas que la deuda peruana sufre un deterioro y no sería extraño que las otras dos agencias clasificadoras globales –S&P y Fitch– siguieran próximamente los pasos de Moody’s.

El riesgo, por supuesto, es que este sea solo el primer paso en un proceso de deterioro progresivo y rápido, similar al que ya se ha visto en otros países de la región. Menores calificaciones crediticias implican mayores costos de financiamiento para el Estado –lo que reduce su capacidad de endeudamiento y de gasto–, y también para las empresas que operan en el país –lo que se traduce en menos inversión y empleo–. Una vez que el ciclo de malas noticias se asienta y se refuerza con cada vez peores perspectivas es muy difícil detenerlo.

La incertidumbre política no nació con el actual gobierno de Pedro Castillo, pero, sin duda, ha sido fuertemente acentuada por este y eso no lo están pasando por alto los mercados. A pesar de los esfuerzos del ministro Francke en sus alocuciones, no se puede ocultar que el camino que está trazando la administración del presidente Castillo es uno muy difícil para el país. Y aquí no se puede culpar a la oposición política ni a los medios de comunicación ni al empresariado ni a cualquier otro de los grupos regulares a los que el Gobierno suele adjudicar responsabilidad. Las primeras señales serias y objetivas de alerta ya están aquí.