Editorial: La paradoja del pleno

Hace tres días, el presidente de la comisión especial del Congreso a cargo de la selección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Rolando Ruiz, explicó en declaraciones a Andina que en 90 días podrían presentarle al pleno a los candidatos para reemplazar a seis de los siete miembros del tribunal cuyo mandato expiró hace más de un año.

Como sabemos, las recientes designaciones para el TC han sido un asunto espinoso y, de hecho, la última vez en la que un Legislativo intentó –a las carreras– remover a los todavía hoy magistrados Marianella Ledesma, Ernesto Blume, Carlos Ramos, Eloy Espinosa-Saldaña, José Luis Sardón y Manuel Miranda, terminó abriendo una crisis política que desembocó en su propia disolución.

Lo anterior, por supuesto, no quiere decir que los legisladores deban eludir la responsabilidad que la Carta Magna les confiere; esta es, la de designar, llegado el momento, a los integrantes del TC. Pero es necesario que recuerden que, dados los antecedentes, la ciudadanía estará muy atenta al proceso y que se les demandará una transparencia y una minuciosidad que, siendo honestos, esta representación nacional –tan propensa a legislar durante la madrugada y de manera exprés– casi no ha exhibido.

Cierto es que, a diferencia de la accidentada elección de setiembre pasado, en esta oportunidad se han tomado algunas ‘medidas de protección’ saludables. En julio, el Congreso modificó el proceso de selección de magistrados, estipulando que este debe realizarse a través de un concurso público de méritos. Según la norma, la comisión especial se encargará de proponer al pleno el reglamento para la elección de jueces, en base a “criterios objetivos”, y será, además, la que guiará el proceso (entrevistando a los candidatos y resolviendo las tachas) para finalmente presentar a los mejores postulantes ante el pleno (donde deben recibir al menos 87 votos).

Dicho lo anterior, sin embargo, hay todavía un asunto que preocupa.

Hace unos días, el TC declaró inconstitucional la ley que suspendía el cobro de peajes durante el estado de emergencia, que había sido promulgada por insistencia por este Legislativo en mayo, y prohibió también que los congresistas puedan delegar sus votos a sus voceros en las sesiones parlamentarias. Esto provocó molestias en algunos legisladores.

El parlamentario Luis Valdez (Alianza para el Progreso), por ejemplo, denunció en entrevista con este Diario “el sesgo político que tienen los miembros del TC” y acusó que estos “hacen eco de las manifestaciones, emociones y expresiones del presidente Vizcarra”. A su turno, su colega José Luna Morales (Podemos Perú) reclamó que el Congreso “debe nombrar a un TC independiente y creyente que los derechos de todos los peruanos está por encima de los intereses de las grandes empresas” (sic). Y hasta el propio presidente del Parlamento, Manuel Merino (Acción Popular), resaltó la importancia de contar con un TC que “dé las respuestas que la población viene esperando”.

Resulta curioso, pues, que un Congreso que ha mostrado poco cuidado por la Constitución y cuyos integrantes han cuestionado al TC justamente por hacer respetar la Constitución ahora tengan que elegir a los encargados de salvaguardarla. Toda una paradoja. Y que, si la vocación del Parlamento ha sido la de empujar leyes que transgreden los postulados de la Carta Magna (como la de la ‘devolución’ de los aportes a la ONP) aduciendo que lo hacen “en nombre del pueblo”, ¿qué cabe esperar de los criterios que primarán al momento de seleccionar a los nuevos magistrados? Si es la comisión especial la que debe, según estipula la ley, inquirirles a los candidatos respecto de “su posición sobre temas de relevancia nacional y compromiso con el sistema democrático e idoneidad moral”, ¿se valorará mejor a los que se muestren menos reacios a denunciar los estropicios de este Legislativo? ¿Y se escarnecerá a los que hagan lo contrario?

Solo queda pedir que los congresistas le leguen al país un TC tan diferente de ellos mismos.