Editorial: Llueve sobre el aniego

Las denuncias que comprometen al presidente Pedro Castillo en asuntos en los que los indicios de corrupción son tremendamente inquietantes no cesan. El domingo por la noche, dos informes periodísticos de “Punto final” y “Panorama” revelaron que, de acuerdo con el registro de visitas de Palacio, el mandatario recibió el pasado 18 de octubre en su despacho al gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez; al gerente de Heaven Petroleum OP, Samir Abudayeh, y a la ya célebre empresaria Karelim López; y que 13 días después, el 11 de noviembre, Heaven Petroleum ganó una licitación en Petro-Perú para venderle biodiésel por US$74 millones.

¿Por qué tenía que reunirse el jefe del Estado simultáneamente con el representante de Petro-Perú y el de la empresa que aspiraba a ser proveedora de la entidad estatal? Y peor aún, ¿qué tenía que hacer la señora López en esa reunión? Como se sabe, ella se encuentra ya bajo investigación por su presunta intervención en el favorecimiento que habría existido en la concesión de un contrato de S/232,5 millones adjudicado por Provías a un consorcio integrado por una empresa a la que ella representaba, tal y como informamos en este Diario, así como por su concurrencia a la casa de Breña donde el presidente celebraba furtivas reuniones. Y su auspicio de la fiesta infantil que tuvo lugar en Palacio por el cumpleaños de la hija del mandatario ha hecho sonar también las alarmas de un posible delito de cohecho.

Por supuesto que el mencionado funcionario de Petro-Perú ha intentado persuadir a la opinión pública de que todo ha sido una “coincidencia infeliz” y que él estuvo esperando en una sala mientras las otras personas estaban reunidas con el jefe del Estado. Pero su versión no parece haber convencido a la contraloría, que ayer inició una acción de control en la petrolera estatal para determinar la legalidad de la concesión que ha motivado la denuncia periodística, ni al Ministerio Público, que ayer hizo lo propio y llegó también hasta Palacio de Gobierno y la sede de Petro-Perú para recabar información sobre el mismo caso.

Tales investigaciones arrojarán seguramente pronto resultados de relevancia tanto política como legal, pero la circunstancia de que mientras tanto el presidente guarde un absoluto silencio al respecto es inaceptable. Peor aún, luego de que este Diario revelase que, según el acta de la diligencia efectuada en la sede del Gobierno, el mandatario no autorizó el ingreso del personal fiscal a la oficina de la Secretaría General del despacho presidencial, lo que abona más sospechas sobre su compromiso con la transparencia. Si a esto le sumamos su mutismo con relación a las visitas que recibió en el inmueble del pasaje Sarratea, los US$20 mil encontrados en el baño del exsecretario de la presidencia o los intentos de intervenir en los ascensos del Ejército y la FAP, es como si lloviera sobre mojado. O, peor todavía, sobre un aniego.

Como hemos dicho, ante este cúmulo de indicios de una corrupción que habría escalado hasta la cima del poder, no puede él seguir parapetándose detrás del argumento de que lo que hay aquí es una voluntad de desconocer el resultado de las elecciones de este año porque hay gente que no puede aceptar que una persona de sus orígenes ocupe la presidencia. Lo que tiene que hacer es pronunciarse convincentemente sobre todas las sombras de sospechas que se ciernen sobre él y allanarse a todas las indagaciones, en lugar de estar postergando las fechas de sus declaraciones (como ha sucedido con la fiscalía y su testimonio acerca de los ya mentados ascensos militares) o negándose a atender los pedidos fiscales. Y si él mismo no tiene los reflejos o la presencia de ánimo para hacerlo, le toca a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, presionar públicamente para que ello ocurra, en vez de hacer tibios votos para que el mandatario haga un “ejercicio de memoria”.

Esta vez, por la magnitud de los hechos y por lo que estos sugieren, el silencio no puede ser nuevamente una opción para el presidente.