Editorial: Los Cuellos Blancos vuelven a la carga

Hace dos días, la Junta de Fiscales Supremos resolvió –por tres votos contra dos– apartar al fiscal Pablo Sánchez de todas las investigaciones que venía conduciendo sobre la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto (más de 20 carpetas). Como hemos mencionado antes, no es esta la primera ocasión en la que los misiles que buscan socavar las pesquisas que involucran a altos funcionarios o a personalidades con poder (como el Caso Lava Jato) provienen de la propia fiscalía. Pero para entender por qué tres de los cinco miembros del más alto nivel del Ministerio Público tomaron esta decisión, hay que fijarnos en los argumentos en los que sustentan su voto.

En efecto, los tres fiscales supremos que decidieron excluir a Sánchez del caso (a saber, Pedro Chávarry, extitular de la institución, y sus colegas Tomás Gálvez Villegas y Víctor Rodríguez Monteza) arguyen que, por ley, las indagaciones que involucran a altos funcionarios con antejuicio político –como ellos tres– deben ser conducidas por la titular del Ministerio Público; en este caso, Zoraida Ávalos. Por ello, ha dicho Gálvez, “la investigación iniciada por Sánchez es nula y configura delito de usurpación de funciones”.

Esta explicación leguleya, sin embargo, omite mencionar que Sánchez tomó las riendas del caso luego de que el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se inhibiera de este al hacerse públicas sus conversaciones con una de las cabezas de la presunta organización: César Hinostroza. Y que, una vez que Chávarry fue reemplazado por Ávalos a inicios del año, esta última decidió que Sánchez continuara con las pesquisas. La primera pregunta, entonces, se cae de madura: si Sánchez ha conducido este caso en los más de 10 meses que Ávalos preside la fiscalía, ¿por qué recién ahora el trío fiscal decide que se debe respetar la ley y que el caso debe verlo la titular de la institución? Lo que, a su vez, lleva a otra interrogante: ¿cuál es el motivo por el que Gálvez subraya dos veces en su pronunciamiento que todo lo avanzado por Sánchez hasta hoy es ‘nulo’? El estado de las investigaciones sobre los tres fiscales puede aclararnos ambas dudas.

Contra Gálvez, por ejemplo, Sánchez dirigía una investigación preliminar por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias agravado, cohecho activo específico y organización criminal (en una carpeta que incluye, además, a Hinostroza y al exconsejero Orlando Velásquez). Un caso por el que podría dictarse impedimento de salida del país contra Gálvez este viernes. Según la información recabada por Sánchez, Gálvez habría intercedido ante Hinostroza para que su sala admita una casación en beneficio de una persona y para favorecer a un fiscal amigo (Walther Delgado Tovar) en un proceso por violencia familiar y en su postulación a una plaza como fiscal superior.

Por otro lado, como informó este Diario, hace unas semanas Sánchez resolvió incluir a Chávarry y Rodríguez Monteza en otra investigación que venía siguiendo contra Hinostroza y otros cuatro exconsejeros. Según la disposición fiscal en la que sustentó su decisión, ambos habían apoyado a la presunta red criminal como “puntos nodales” u hombres claves. Así, Rodríguez Monteza se habría encargado de informar al resto de integrantes de que existían escuchas telefónicas y habría intentado hacer ‘control de daños’ desde adentro de la institución.

Mientras que Chávarry habría sido clave para garantizar el control del Ministerio Público y, con ello, de las investigaciones que eventualmente podrían surgir contra la presunta red criminal. Por ello, Hinostroza y algunos exconsejeros habrían respaldado su ascenso, ya sea organizándole reuniones con medios de prensa –para poder hacer frente a los cuestionamientos que habían comenzado a aparecer en su contra– o alterando sus notas en la evaluación en la que el CNM lo ratificó como fiscal supremo (una ratificación que, de no darse, habría impedido que asuma como fiscal de la Nación).

Ciertamente, el apartamiento de Sánchez de las investigaciones es responsabilidad directa de los fiscales que respaldaron la medida. Tan cierto como lo anterior, empero, es que la mayoría del hoy disuelto Congreso que en su momento tuvo la oportunidad de remover a estos magistrados y que optó, más bien, por blindarlos a pesar de la ristra de evidencias que ya se conocían tiene parte de responsabilidad en este sabotaje a la justicia. Y será esa mayoría la que tendrá que responderle al país por las consecuencias que esta decisión (difícilmente reversible) tenga en el futuro de las pesquisas.

Por el bien del país, Ávalos debe retomar cuanto antes estas indagaciones.