Editorial: La marcha va por dentro

En los últimos días, una serie de gestos políticos, que difícilmente pueden ser entendidos como aislados, ha puesto una vez más sobre el tapete la demanda fujimorista de conseguir la libertad del ex presidente por una vía distinta a la judicial.

Todo empezó con la sugerencia del congresista Julio Gagó, durante una entrevista radial, de que Pedro Pablo Kuczynski incluyese en su discurso de 28 de julio el ofrecimiento de un indulto a fin de lograr una “reconciliación real” entre el futuro partido de gobierno y Fuerza Popular “para poder estar tranquilos y que haya gobernabilidad”. Luego, unas difusas ‘bases fujimoristas’ convocaron, a través de las redes, a una marcha para demandar también la libertad de su ‘líder histórico’ y la llevaron finalmente a cabo el viernes 22, fecha en la que coincidentemente juraban el cargo los integrantes de la representación nacional que se estrena en los próximos días.

Durante esa ceremonia, además, la legisladora de la bancada naranja Tamar Arimborgo usó la fórmula “por el indulto humanitario y la reconciliación” al momento de comprometerse a cumplir su nueva función, y la aclamación que se produjo en el recinto hizo evidente que no se trataba de una aspiración solitaria.

Como culminación de esta sucesión de eventos, está el pedido expreso del ex mandatario de obtener la referida gracia presidencial, del que dio noticia el primer ministro Pedro Cateriano el sábado, a través de su cuenta de Twitter. Y aunque orientado hacia un fin algo distinto, cabe recordar también el anuncio del parlamentario de Fuerza Popular por Huánuco Guillermo Bocángel de que presentará un proyecto de ley para conceder el arresto domiciliario a los presos de avanzada edad con problemas de salud: una iniciativa de la que, claramente, se beneficiaría también el ingeniero Fujimori.

¿Qué tienen en común todos estos hechos producidos en la última semana? Pues que contravienen la promesa que Keiko Fujimori hizo en reiteradas oportunidades durante la campaña de que ni ella ni su partido utilizarían el poder político para conseguir la libertad o un cambio en las condiciones carcelarias del ex presidente.

“El tema del indulto y la libertad de mi padre, hemos dicho claramente, que se darán a través de la vía legal y constitucional, mas no la política”, le dijo a Nicolás Lúcar, el 17 de enero de este año. Y como todos recordamos, el 3 de abril, al final del primer debate presidencial, sentenció: “No utilizaré el poder político para beneficiar a ningún miembro de mi familia”.

Pero por si aquello no hubiese sido suficientemente meridiano, el 14 de ese mes se explayó asimismo sobre el sentido exacto de ese compromiso, en el programa “Panorama”, que conduce Rosana Cueva. “Cuando en algún momento se estuvo debatiendo la posibilidad de presentar un proyecto de ley que beneficiaría a mi padre para que las personas mayores de 65 años cumplieran la prisión con arresto domiciliario, nuestro grupo político se reunió y tomamos la decisión de no hacerlo. […] Entonces queda muy claro que esa es la posición, además [de mía], del partido político”, señaló en aquella ocasión. Y las citas que expresan esa misma idea podrían continuar.

Lo que todas estas manifestaciones plantean, entonces, no solo se aparta sino también se opone a los lineamientos trazados por quien supuestamente encarna hoy por hoy el liderazgo de Fuerza Popular; y, en esa medida, lo cuestiona. Pero no realmente para lograr la libertad del ex mandatario a través del solicitado indulto, pues esa posibilidad ya ha sido descartada por Pedro Pablo Kuczynski (y en lo que concierne a la administración saliente, es impensable que la promueva en los pocos días que le quedan).

¿Qué objetivo podría perseguir entonces la agitación de una iniciativa que se pronostica condenada al fracaso? Obviamente, uno que responde antes a la agenda interna del fujimorismo que a la externa, por lo que cabría interpretar que, como la procesión, la marcha en este caso va por dentro.