Editorial: Más humo que ética

Cierto revuelo ha levantado en los últimos días el congresista del Partido Morado Daniel Olivares, al contar que lleva varios años consumiendo marihuana. “Yo soy un fumador de marihuana de toda la vida, hace 20 años que soy fumador; he fumado con mis padres, con mis tíos”, explicó el legislador en un video colgado en la cuenta de You Tube del líder y candidato presidencial de su partido, Julio Guzmán.

El lunes, apenas dos días después de publicado el clip, el presidente de la Comisión de Ética, Mariano Yupanqui (Descentralización Democrática), informó a este Diario que “se propondrá al pleno de la Comisión de Ética en la próxima sesión una denuncia de oficio contra el citado congresista” porque –según detalló a otro medio– “su conducta, lo expresado, habría infringido el Código de Ética”.

Pues bien, lo primero que llama la atención de este interés por investigar –y eventualmente sancionar– al señor Olivares es que, en realidad, no es la primera vez que el parlamentario se ha referido al tema. En mayo del año pasado, por ejemplo, afirmó en una entrevista televisiva: “Consumo marihuana, [pero] no cuando trabajo. Yo, desde la campaña, nunca he negado mi opinión sobre el cannabis [y] creo que la prohibición del cannabis es un absurdo”.

Como se puede advertir con facilidad, entre ambas declaraciones –la del 2020 y la de la semana pasada– no existen mayores diferencias sobre el contenido y, sin embargo, la segunda podría terminar acarreándole al congresista Olivares una sanción en el Parlamento. ¿Por qué? La respuesta parece encontrarse en el calendario; en el marco de una campaña electoral en la que los partidos políticos que tienen representación en el Congreso buscarán acceder a la segunda vuelta, difícilmente dejarán pasar alguna posibilidad –por mínima que sea– para zarandear a un rival.

Por supuesto que –y hay que dejar esto en claro, para que no se nos malinterprete– creemos que nadie debería estar bajo los efectos de ninguna droga mientras desempeña una labor tan importante como la de congresista. Es evidente que sería inaceptable –y, por lo mismo, pasible de una sanción draconiana– ver a un legislador drogado, tanto como lo sería, por poner un ejemplo hipotético, observar a uno interviniendo en alguna sesión en estado de embriaguez. Y en el caso del señor Olivares, nada de esto ha ocurrido.

Lo más llamativo de todo, sin embargo, es que se busque castigarlo en la Comisión de Ética… un grupo de trabajo que tras siete meses de haberse instalado no ha impuesto una sola sanción contra un integrante de la representación nacional (y esto, como sabemos, no porque no exista material para hacerlo).

Como advirtió nuestra colega Alicia Rojas en una nota publicada el pasado 30 de diciembre (pues en el sitio web del Congreso no se puede encontrar información al respecto), hasta ahora solo se han aprobado cuatro informes en el referido grupo de trabajo –uno de ellos, además, que declara infundada una denuncia–. De los otros tres que recomiendan sanciones, ninguno ha sido aplicado.

Así, casos contra congresistas denunciados por haber recortado el sueldo de algún trabajador de su despacho, por acoso laboral y presunto abuso de autoridad, por haber infringido las normas sanitarias durante la cuarentena o por haber realizado comentarios racistas contra un funcionario público, entre otros, todavía no tienen un desenlace. Tomando en cuenta lo anterior, que se busque ahora escarmentar al legislador Olivares por haber reconocido que fuma marihuana revela que, en lo que respecta a la ética, en el Congreso hay un problema no solo de celeridad, sino también de prioridades.

Sería bueno, en fin, que si en el Parlamento se empeñan en investigar al señor Olivares, aprovechen ese inusitado impulso fiscalizador para revisar otros casos que avanzan a paso de procesión.