Editorial: El mensaje de Cateriano

Aunque no ha podido revertir la ineficacia de este gobierno para lidiar con la rampante crisis de seguridad, la cada vez más seria desaceleración económica y la falta de transparencia con la que (no) ha respondido a varias legítimas interrogantes que hoy son materia de diversas investigaciones, el primer ministro Cateriano ha tenido algunos innegables aciertos en lo que va de su gestión. Cuando fue designado para encabezar el Gabinete, muchos temieron que llevara adelante una gestión de confrontación con la oposición fujimorista y aprista. Y sin embargo, supo sentarse a dialogar con los líderes de esas dos fuerzas y obtuvo de su parte una buena disposición para escuchar el pedido de facultades legislativas que ya tenía en mente.

Fue esa misma actitud la que lo llevó a descartar, poco después, la posibilidad de hacer cuestión de confianza acerca de alguna de las propuestas que pudiera llevar al Legislativo para que, en caso esta le fuera denegada, el presidente estuviera en capacidad de disolver el Congreso. Una medida que, a todas luces, habría resultado descabellada.

Algunas semanas atrás, también hizo muy bien Cateriano en aclarar que él no admira a Hugo Chávez, para marcar diferencias con el actual mandatario, que en un reciente viaje a España había calificado al ex presidente venezolano de “líder carismático” y de “patriota”. Aunque, desafortunadamente, al mismo tiempo pareció compartir la fantasía de persecución que suele afectar al presidente Humala en lo que concierne a las críticas de la prensa a su gobierno o los empeños de la oposición por investigar a personas de su entorno involucradas en historias sospechosas.

Como fuera, la última intervención de Cateriano le ha aportado una dosis de ecuanimidad al Ejecutivo. En realidad, algunas de las cosas señaladas por él el último sábado equivalen a su propia versión del mensaje de 28 de julio, pues llenan los vacíos que el jefe del Estado dejó durante su presentación ante el Congreso.

En esa línea, caben destacar sus referencias a la voluntad de gobierno de “garantizar proyectos mineros que están en ejecución” y al restablecimiento de las mesas de diálogo con ese propósito, así como el anuncio de que se va a dictar una norma para permitir la concesión de los penales: asuntos vinculados a la desaceleración económica y la seguridad, respectivamente; y que brillaron por su ausencia en el discurso presidencial.

La más saludable de sus reflexiones, no obstante, fue la que hizo en torno a la posibilidad de aumentar el sueldo mínimo, una medida que se había rumoreado en los días previos a las Fiestas Patrias y que, felizmente, el presidente no incluyó en su alocución.

Cateriano, empero, hizo algo más que omitir el tema: lo abordó directamente para descartarlo del futuro inmediato.

“Cuando hay populismo y compromisos de aumentar sueldos sin un respaldo económico, resulta costoso”, dijo. Y luego agregó: “Creemos que nuestra obligación es dejar al siguiente gobierno las finanzas públicas ordenadas. Sería muy fácil: aumentamos el sueldo mínimo y que pague el siguiente gobierno”.

Con ello, ha alejado una amenaza demagógica que se cernía sobre la inversión privada, alentada por las voces de sectores irresponsables que piensan en la popularidad que una decisión así generaría inmediatamente y no en el costo que a la larga acarrearía a la economía. Y que a un gobierno apaleado en las encuestas, como el actual, ha de haberle resultado muy tentadora.

Sin embargo, como hemos apuntado reiteradas veces, alrededor del 70% de las personas que trabajan en el Perú lo hace en el sector informal y a ellas un incremento del sueldo mínimo vital no solo no las alcanzaría, sino que las perjudicaría al encarecer la creación de los empleos formales a los que aspiran o la formalización de los que ya tienen. Bajo el aspecto de un gesto dirigido a beneficiar a la gente de pocos recursos, lo que hace en realidad una medida de este tipo es crear una minoría de trabajadores que goza de ese y otros beneficios (seguro de salud, vacaciones, CTS, etc.), a costa de la marginación de la enorme mayoría de empleados del Perú que está, sin remedio, fuera de esa alambrada legal. 

Enhorabuena, pues, porque el primer ministro haya tenido el ánimo de decir las cosas como son en un asunto en el que casi todos los políticos prefieren unirse a la hipócrita conspiración que busca hacer aparecer como un “derecho” de mayorías lo que en la realidad solo funciona como un privilegio obtenido para una minoría (la de los formales) en detrimento de todos los demás.