Ministerio sin ministro

En los últimos días, mientras el gobierno del presidente Pedro Castillo se movía entre las investigaciones fiscales que se ciernen sobre varios de sus actuales y antiguos integrantes y los intentos desesperados por evitar que la información de estas se filtre a la prensa, el sector Cultura sufrió otro revés. Uno más, hay que decirlo, de los muchos que ha venido sufriendo desde que esta administración tomó las riendas del país y colocó a cargo del sector a Ciro Gálvez, pero que por alguna razón no terminan de concitar la atención que ameritan.

Como informó este Diario el fin de semana, tres funcionarios de reconocida trayectoria –no solo nacional, sino también en el extranjero– fueron cesados intempestivamente. A la primera de ellas, Soledad Mujica, que se desempeñaba como directora de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura (Mincul), el “jefe de Recursos Humanos” le dijo que “tenía que renunciar rápidamente, hoy mismo”, según sus propias palabras.

A decir del ministro del sector, Alejandro Salas, la destitución de Mujica se debió a la aplicación de la Ley 31419, promulgada por el Congreso en febrero y que tiene como objetivo establecer requisitos básicos para los funcionarios públicos. “Se dio una ley que no ha medido los parámetros de la trayectoria de las personas y simplemente nos condiciona y nos pone parámetros a nosotros de tener que tomar determinaciones”, afirmó. Ninguna ley, sin embargo, justifica la forma chapucera en la que la señora Mujica, cuyo aporte a la cultura peruana es invaluable y quien fundó la que muy probablemente sea la feria de artesanías más importante del país (Ruraq Maki), fue comunicada sobre su salida. Un maltrato que ciertamente no merece ningún funcionario público y menos aún quienes le han dedicado toda una vida profesional al Perú.

Pero no fue la única. El 17 de junio el arqueólogo Régulo Franco fue cesado de su cargo en la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad y del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, en el que había sido nombrado hace apenas un mes, cuando ya se tenía conocimiento sobre la norma utilizada ahora como excusa por el Mincul. Franco goza de un prestigio bien ganado gracias a sus hallazgos de la Dama de Cao y a su conocimiento sobre las culturas de la costa norte del Perú.

Menos de una semana después, el 23 de junio, Marcela Olivas, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash, recibió una llamada de un asesor de la secretaría del ministerio en la que se le pidió que renunciara. “Pregunté los motivos, [pero] no fueron precisos; fue una conversación de tres minutos”, afirmó. Sobre su cese, el ministro Salas aseguró que “ella tiene un proceso administrativo disciplinario y yo he recibido quejas de ciudadanos […]. Es un cargo de confianza y, cuando existe algún tipo de deficiencia dentro del marco de la gestión pública, pues se tienen que tomar las acciones del caso”. Una justificación que, viniendo de un funcionario de un gobierno plagado de integrantes que tienen tan poca competencia como tantos antecedentes penales y policiales para exhibir, parece un chiste de mal gusto.

Llama la atención, sin embargo, que mientras el ministerio que dirige pierde a algunos de sus mejores cuadros, el señor Salas parece más empecinado en defender al presidente Castillo antes que en defender el prestigio de su sector. En estos momentos, el país necesita a un ministro de Cultura más presente, solo por poner un ejemplo, en trabajar para evitar el desalojo del Archivo General de la Nación, y menos en defender los abusos de este gobierno, como la anunciada ley que busca en última instancia evitar que los detalles de las pesquisas contra el presidente y sus allegados en el Ministerio Público sean conocidas por la ciudadanía y a la que el ministro Salas se ha apurado a justificar este fin de semana.

Así, en lugar de tener a un gobierno empeñado en defender la cultura, lo que tenemos es, más bien, a un ministro de Cultura empeñado en defender al Gobierno.