Editorial: Misterio sin resolver

El Caso López Meneses sigue siendo la más grande de las incógnitas relacionadas con este gobierno.

Hasta ahora no se sabe por qué  uno de los operadores del montesinismo recibía una protección policial mayor a la de cualquier ministro.  Únicamente está claro que ninguna de las habilidades conocidas del señor López Meneses augura nada bueno. No solo recibía dinero público de manos de Montesinos para comprar congresistas sino que, aun luego de la caída del régimen, fue encontrado en posesión de equipos de interceptación telefónica y de un teléfono encriptado con los que se comunicaba con el ex asesor.

Tampoco se sabe por qué el propio general Raúl Salazar, durante mucho tiempo el inamovible director de la Policía Nacional  (nombrado por este gobierno luego de dar de baja a 29 generales más antiguos), fue una de las personas que transmitió la orden de dar esta protección. Ni por qué Adrián Villafuerte, quien entonces era el principal asesor en seguridad del presidente, negó conocer a López Meneses, pese a que se desempeñó durante años como el edecán del general Saucedo, ministro del régimen de Fujimori, a quien López Meneses frecuentaba. Aunque se sabe sí que Villafuerte tuvo que terminar renunciando a su cargo por este asunto (si bien luego surgieron versiones según las cuales habría sido recolocado por el presidente en la Dirección Nacional de Inteligencia).

Tampoco se sabe por qué, además del general Salazar, parecen haber transmitido la misma orden de dar protección policial a la casa de López Meneses otros tres generales de la PNP (de hecho, respondiendo al escándalo del destape del caso, el presidente hizo relevar hasta a seis altos mandos de la PNP). Ni por qué el celular que se usó para solicitar protección policial a López Meneses también habría sido utilizado desde dos locales de las Fuerzas Armadas. 

Otra incógnita es por qué el alcalde de Surco asegura que lo llamó ni más ni menos que el jefe del comando conjunto para pedirle que el serenazgo municipal también protegiera la residencia en cuestión.  Aun otra, qué hacía el señor López Meneses en tribunas oficiales, en las que se situaba a solo metros del entonces ministro del interior Wilfredo Pedraza.

Las preguntas, en fin, se suceden unas a otras sin respuesta. A la fecha, nadie sabe bien qué pasó ahí. Nadie, salvo una persona: el presidente de la República. “Nosotros lo resolvimos rápidamente, era un tema de corrupción policial”, dijo el señor Humala en junio de este año, confirmando lo que había salido a decir ni bien estalló el escándalo.

A pesar de este panorama “resuelto”, sin embargo, el presidente no ha querido dar respuesta a todas estas incógnitas. Esta semana la primera ministra Ana Jara hizo saber, mediante una carta formal enviada a la comisión congresal que investiga el  Caso López Meneses, que el señor Humala no prestaría su declaración como testigo a dicha comisión. La carta dice que el presidente no está constitucionalmente obligado a ello y lleva razón. El problema es que debería estar interesado en hacerlo libremente (como en su momento lo hizo el presidente Toledo con la comisión que investigaba el caso de las firmas falsas de Perú Posible). Si él sabe hasta dónde llegaba y en qué consistió ese asunto, pues nada mejor que explicarlo para despejar las graves dudas que el tema dejó flotando sobre su régimen. Es decir, para hacer todo lo contrario a lo que logró la primera ministra al afirmar, cuando se le preguntó si el señor Humala pensaba ir la citación de la comisión, que el presidente es “inimputable  y no puede ser investigado”, dando así la  impresión (desafortunada tanto para el gobierno como para el país) de que habría algo por lo que podría ser imputado y debería de ser investigado.