Editorial: La multiplicación del Palais Concert

A pesar de Abraham Valdelomar, el Perú no es Lima. De hecho, hasta aproximadamente 1920, la ciudad capital nunca incluyó a más del 5% del total de la población nacional. Dentro de un contexto de unidad soberana, las demandas del interior del país por ciertos niveles de autodeterminación y gobernanza son legítimas. Los diversos pueblos y regiones que habitan el territorio nacional tienen derecho a que sus autoridades locales –elegidas democráticamente– tengan poder de decisión sobre las políticas que los afectan de manera directa, y este derecho debería garantizar que el Estado encuentre el sistema a través del cual hacerlo efectivo.

Sin embargo, la manera en que se ha intentado ejecutar este justo pedido ha sido equivocada, y los acontecimientos a través de los últimos años se han encargado de probarlo. El proceso de descentralización, iniciado a comienzos de la década pasada, ha sido en diversos sentidos un rotundo fracaso. 

En primer lugar, el nivel de representatividad de las autoridades regionales y locales no ha sido el que la reforma constitucional del 2002 anticipó. Ante la devaluación de los partidos políticos y de los sistemas de representación formales –a mayo del año pasado, apenas el 45% de la población había oído hablar de los gobernadores regionales y solo el 35% de aquellos tenía una opinión favorable de su trabajo–, en muchas zonas organizaciones civiles paralelas se han arrogado la autoridad para hablar en nombre de los ciudadanos de la región. No es inusual que, por ejemplo, en las negociaciones motivadas por protestas sociales sean los líderes de algún ‘frente de defensa’ quienes representen los intereses de la población comprometida y no el alcalde o el gobernador regional de turno.

En segundo lugar, la eficacia que han demostrado diversas autoridades locales para proveer bienes y servicios a su población es limitada. La transferencia de responsabilidades a las instancias subnacionales sin una verificación de sus capacidades jugó un rol clave en este resultado. 

Dado que un proceso de recentralización para subsanar los errores cometidos sería legal y políticamente inviable, el Gobierno Central debe emprender la tarea de articular y orientar los esfuerzos locales. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene pendiente integrar las inversiones en pistas y carreteras locales de modo que el mapa vial nacional tenga coherencia y se eviten los caminos mal planeados que conducen a nada. Según José Escaffi, gerente de la consultora AC Pública, “el Ejecutivo sigue dejando de lado su papel de ente rector, que acompañe el gasto del presupuesto en servicios para las regiones y sancione los incumplimientos”.

Respecto de este último punto hay mucho que decir. Además de poco representativas e ineficaces, varias administraciones locales han destacado sus altísimos niveles de corrupción. Según Fuad Khoury, contralor general de la República, buena parte de los auditores al interior del país son pagados por las mismas entidades que auditan. “Por eso digo que no existe sistema nacional de control, porque en la medida en que no hay independencia y autonomía, y estas personas no reporten al contralor, la corrupción va a seguir. Es el peor escenario de un país”, ha señalado.

Por supuesto, no es justo poner todas las experiencias de gestión local en el mismo saco. En regiones como San Martín y Moquegua, los aciertos de las autoridades en diversos sectores han superado los desaciertos del sistema en el que operan. No obstante, la sensación general de dos de cada tres peruanos es que el proceso de descentralización ha fracasado. Quizá no sea del todo exagerado decir que, con la informalidad, la descentralización es de los retos más grandes y significativos que tiene que enfrentar el Perú en el largo plazo. 

El país no necesita crear feudos locales de poder mal utilizado que repliquen y empeoren las taras del Gobierno Central. El país no necesita sedes regionales del Palais Concert de Valdelomar. La próxima campaña electoral debe ser el marco para exponer planes de acción que modernicen la gestión del Estado orientados a hacer de un país descentralizado –improvisadamente– uno más funcional y unido.