Editorial: Necesaria transparencia

El descubrimiento de que 487 funcionarios públicos fueron vacunados en secreto con la vacuna de Sinopharm, incluyendo a la exministra de Salud Pilar Mazzetti, a la extitular de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete y al expresidente de la República Martín Vizcarra, supuso un duro golpe a la moral de un país que está atravesando una de las peores crisis de su historia. El ‘Vacunagate’, como ha sido llamado el suceso, implicó una estocada más a la confianza que los peruanos tenemos en nuestras autoridades, y ha hecho peligrar la integridad del proceso de vacunación –tan importante para derrotar, por fin, al COVID-19– al poner en cuestión la habilidad del Estado de llevarla a cabo de manera proba.

Lamentablemente, esta semana se han conocido tres nuevos casos de inoculaciones irregulares, en Loreto, Ucayali y Amazonas, que evidencian no solo el peligro que aún corre la campaña de vacunación de no llegar a quienes la necesitan primero, sino también la indolencia que persiste en algunos funcionarios públicos.

En Loreto, múltiples personas (entre funcionarios y sus parientes) han sido beneficiadas erróneamente con dosis del laboratorio Pfizer destinadas a adultos mayores de 70 años o afiliados a Pensión 65, incluyendo al alcalde de la provincia de Maynas, Francisco Sanjurjo; la alcaldesa del distrito de Punchana, Jane Donayre; y los asesores del Gobierno Regional de Loreto, Jorge Monasí y Joiner Vásquez. También figuran Mirna Villacorta, exalcaldesa del distrito de San Juan Bautista, y Clara Bustamante, directora ejecutiva de Promoción de la Salud de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto. Salvo Vásquez, ninguno cumplía con el requisito de edad.

Enfrentados con los hechos, las respuestas de algunos de estos funcionarios han denotado falta de empatía y la creencia equivocada de que sus puestos les otorgan un estatus especial. El asesor Jorge Monasí, por ejemplo, ha declarado que como le dieron una dosis que sobraba, no veía “nada de malo”; mientras que la alcaldesa Donayre ha afirmado: “Soy una persona vulnerable y estoy en la primera línea atendiendo a la población”. Pero lo más preocupante es el aparente involucramiento de Clara Bustamante, quien, en su calidad de directora de Promoción de la Salud, está directamente involucrada en los planes de inoculación del sector. De acuerdo con el titular de la Diresa de Loreto, Carlos Calampa, Bustamante habría autorizado la vacunación de las personas mencionadas.

En tanto, la contraloría detectó en Amazonas que tres trabajadoras del Gobierno Regional fueron vacunadas a inicios de mes, pese a no formar parte de los grupos prioritarios de la fase I. Mientras que, en Ucayali, un informe de dicha entidad encontró que al menos 110 personas habrían recibido la vacuna del laboratorio Sinopharm de manera irregular. Si bien la Diresa de Ucayali descartó esto el último viernes, recalcando que, luego de cruzar la data, habían determinado que aquellos que figuraban en el informe no fueron vacunados o cumplían con los requisitos, este suceso demuestra cuán importante es la labor de la contraloría para monitorear el proceso de vacunación y mantener su transparencia.

Es imperativo que la campaña de inoculación contra el COVID-19 sea ejecutada de la manera más ordenada y cuidadosa posible. No solo porque de esta depende la protección progresiva de las personas contra un virus que ha ocasionado la muerte de más de 50.000 compatriotas, sino también porque ayudará a recobrar la confianza, tan golpeada, de la población en sus autoridades. Tras la decepción que supuso el primer ‘Vacunagate’, se ha vuelto incluso más importante exigir que todos los niveles de gobierno implementen las medidas necesarias para asegurar que las tan ansiadas vacunas lleguen a quienes más las necesitan.