Editorial: Querer es poder

Voluntad y razón. Las dos virtudes que, cuando combinadas, arrojan como resultado decisiones afortunadas no suelen coincidir en la cotidianidad política, frecuentemente inclinada a caer en el populismo o a proteger los intereses particulares de quienes ejercen el oficio pensando más en la obtención y conservación del poder, antes que en el bienestar de la ciudadanía.

Cualquiera que apostara por reformar nuestro régimen laboral para incorporar a más trabajadores a la formalidad y, al mismo tiempo, dinamizar la inversión privada y propiciar la reactivación de la economía tendría a la razón de su lado. Desde hace más de una década, diversos especialistas en economía laboral y reconocidas organizaciones internacionales han venido diagnosticando la precariedad de nuestro mercado de trabajo y las causas de dicha enfermedad.

Tenemos el noveno régimen laboral más inflexible del mundo, según la OCDE, aquel selecto grupo de países del Primer Mundo al cual aspiramos ingresar. Si revisamos el indicador de prácticas de contratación y despido de trabajadores del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, el Perú aparece rezagado en el puesto 130 de 138 economías, un reflejo de la ineficiencia y rigidez que impide la rotación de trabajadores (desvinculación y contratación de nuevos que los reemplacen). Por ello, ya a nadie sorprende la alarmante estadística que muestra que 7 de cada 10 peruanos trabajan en la informalidad.

El problema, entonces, no es la razón, sino la falta de voluntad. Desde esta página, hemos criticado en más de una oportunidad la ausencia de un verdadero compromiso de parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski por emprender las grandes reformas que el país necesita. Una timidez paladina en el asunto de la reforma laboral, el cual ha sido insistentemente esquivado por el Ejecutivo y enviado a la congeladora de iniciativas en que se ha convertido el Consejo Nacional de Trabajo.

En este contexto, genera entusiasmo constatar la aparición de algunas voces que, apoyadas en la razón, han evidenciado no solo el grave problema que enfrenta nuestro mercado laboral, sino también la voluntad para hacer algo por corregirlo.

Ha sido este el caso de la congresista de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Úrsula Letona, quien en una reciente entrevista publicada en este Diario ha señalado que una de las dos “reformas estructurales importantísimas para el país” es “la reforma laboral para reducir la informalidad”.

Letona abordó también el pernicioso criterio de la estabilidad laboral absoluta impuesto por el Tribunal Constitucional (TC) en el 2002 –que limita la posibilidad de desvincular a un trabajador y poder reemplazarlo por otro, estableciendo que no bastaba con indemnizarlo sino que debía ser repuesto– en estos términos: “Tiene que haber una modificación del fallo del Tribunal Constitucional que consagra la estabilidad absoluta. Es imposible que generemos competitividad si en el país para el TC el despido está prohibido”. Y añadió que un camino a considerar sería el de una reforma constitucional que permita clarificar y enmendar el error cometido. “Creo que es parte de este nuevo Congreso. Hay que analizarlo”, afirmó.

Sin ser una gran revelación, las expresiones de la parlamentaria fujimorista son importantes, porque parecen indicar que en tienda naranja han empezado a comprender lo trascendental del tema y que están dispuestos a emprender desde el Parlamento la urgente tarea de mejorar nuestro ordenamiento laboral.

“Sin una reforma laboral, jamás vamos a luchar en contra de la informalidad y vamos a seguir siendo un país pobre, con un crecimiento económico mediocre”, ha señalado Letona y no podríamos estar más de acuerdo. Y sin el concurso del Congreso –necesario para aprobar nuevas leyes y reformas constitucionales, de ser el caso–, este cometido será imposible de lograr.

Así que estaremos atentos a que esa voluntad se transforme pronto en acciones concretas, y que el Legislativo demuestre en este tema el liderazgo que, lamentablemente, no se percibe hasta ahora en el Ejecutivo.