Editorial: Onda en expansión

Ayer la onda expansiva de la crisis que arrastró al ahora exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, a la renuncia alcanzó al procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, quien fue removido de la función que cumplía por decisión del procurador general del Estado, Daniel Soria.

Las razones de la salida no han sido expresamente mencionadas ni en la resolución publicada en “El Peruano” que consigna la decisión ni por Soria (en las declaraciones que prestó ayer al respecto), pero no hace falta. Para cualquier observador atento a lo sucedido en los últimos días resulta claro que el procurador ha sido licenciado por el rol que jugó en la coordinación de la cita entre el entonces titular de Energía y Minas y algunos representantes de Odebrecht que tuvo lugar el 9 de enero, menos de un mes antes de que la empresa demandase al Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por US$1.200 millones.

Ramírez cumplió ciertamente un papel que no correspondía a sus atribuciones al organizar la reunión, pero el problema va más allá de eso. En Canal N, Liu Yonsen sostuvo días atrás que el encuentro fue meramente informativo, pues la constructora brasileña solo quería que se explicara a sus funcionarios “cómo iba el proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas”. Añadió, sin embargo, que los representantes de Odebrecht decían que, en función de eso, “la pretensión de la empresa de plantear a futuro una querella se desvanecía, toda vez que, si el Estado aseguraba que el proyecto iba adelante, sencillamente ellos no tenían por qué plantear ninguna querella”. Un condicionamiento que sugiere que aquello fue más bien una negociación.

¿Era ese un escenario necesariamente negativo para los intereses del país? Las opiniones sobre el particular están divididas, pero en cualquier caso la del Ejecutivo es meridiana. “El gobierno no negocia con corruptos”, ha sentenciado sumariamente el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos. Y en lo que concierne al presidente de la República, la versión oficial es que no estuvo informado de la cita: un nítido esfuerzo por mantenerlo apartado de una situación que se juzga políticamente tóxica.

Ocurre, no obstante, que algunos datos adicionales brindados por Liu Yonsen sobre todo este incordio socavan la veracidad de esa tesis. Por un lado, ha dicho él que fue la titular de Justicia, Ana Teresa Revilla, quien lo puso originalmente en contacto con el procurador que estaba organizando la cita. Y por otro, ha sido también reiteradamente enfático en señalar que el primer ministro fue oportunamente notificado del encuentro. ¿Con esos dos ministros al tanto de lo que estaba por ocurrir, es verosímil que el mandatario no hubiese sido informado de un hecho tan relevante?

Pues, la verdad es que no mucho. Pero aun si esa versión de los hechos fuese cierta, los dos ya mentados integrantes del Gabinete estarían en problemas, pues habrían faltado a la responsabilidad de advertir al jefe del Estado sobre una amenaza muy seria. Y en lo que toca específicamente a Zeballos, la contradicción entre haber sabido que se iba a negociar con la empresa brasileña y haber proclamado luego que “el gobierno no negocia con corruptos” es tan flagrante que la explicación que hasta ahora no ha brindado se hace tan necesaria como improbable.

Como decíamos al principio, entonces, la onda expansiva de la crisis desatada en torno a la salida de Liu Yonsen ha terminado por alcanzar también al procurador Ramírez, pero eso no quiere decir que haya llegado ya a su punto máximo. Resulta obvio que, por lo menos por omisión, otros funcionarios de mayor relevancia tuvieron responsabilidad en el desaguisado del que ahora el gobierno quiere tomar distancia. Y como eso no se consigue guardando simplemente silencio, no sería de extrañar que pronto comprobemos que la onda sigue expandiéndose.