Pequeños empresarios, grandes perjudicados

Una nota publicada ayer en el suplemento económico de este Diario, Día 1, revela la difícil situación por la que atraviesan actualmente las cajas municipales por la agitación social en el país. Según la información recogida por este medio, la tasa de morosidad que enfrentan tales entidades se ha incrementado en el último mes hasta en un 50%. Y esto ha sido particularmente notorio en la zona sur, donde, como se sabe, la convulsión ha tenido expresiones más violentas. Cabe señalar, además, que en esa zona se ubica el 70% del total de las oficinas regionales de las cajas municipales.

¿Cuál es la relación entre las manifestaciones y el mencionado aumento de la morosidad? Muy sencillo: el bloqueo de carreteras y la violencia desatada en las calles ocasionan el cierre de los comercios y golpean fuertemente al turismo, con lo que se rompe la cadena de pagos.

Ahora, si para nadie es un secreto que esas entidades financieras trabajan esencialmente con las micro y pequeñas empresas, la conclusión es meridiana: las principales víctimas de la turbulencia en el territorio nacional son los pequeños empresarios. De acuerdo con Jorge Solís, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), muchos de esos empresarios se endeudaron hace poco para contar con un inventario que les permitiera recuperar en la campaña navideña parte de lo que habían perdido durante la pandemia… Y ahora se han quedado con el inventario y la deuda.

No menos importante es la circunstancia de que las cajas municipales hayan tenido que cerrar oficinas (en el caso de la Caja de Arequipa, al menos 25) durante estas semanas. Los incendios de varios de sus locales en Puno y Tacna confirman que se trataba de una medida necesaria, pero lo cierto es que han ocasionado que las colocaciones hayan caído en cerca de un 40% en el sur. A ello hay que añadirle lo que sucede en esa misma parte del país con Mibanco (el 23% de cuyo portafolio está en el sur). De acuerdo con Luis Almandoz Luna, gerente general adjunto de Gestión de Negocios de esa empresa, ellos se han visto obligados a cerrar cerca de 30 agencias por día en Puno, Cusco, Arequipa y otros lugares de la región sureña. Un cuadro, en suma, calamitoso y alarmante para la salud de la economía de esos sectores y que, en medio de la estridencia de las supuestas “demandas populares”, pasa desapercibido.

La paradoja, sin embargo, es evidente. Como en tantos otros casos, la acción política de los agitadores perjudica principalmente a aquellos que, en teoría, se pretende reivindicar a través de la protesta, es decir, a los más débiles, a los que menos recursos tienen. Son ellos, más que la gran empresa, quienes realmente están sufriendo la situación actual; y son el presente y el futuro de sus negocios los que están siendo puestos en riesgo con cada día en que el bloqueo de carreteras y la hostilización a los que no quieren sumarse a las asonadas se extienden.

Llevar la cuenta del daño que los azuzadores de la violencia están causándole al país es una tarea imprescindible, porque de seguro los tendremos de candidatos en el próximo proceso electoral y si no se los hace responsables de lo que han hecho y siguen haciendo, correremos también el riesgo de tenerlos otra vez enquistados en la administración pública.