Honren su voto

A grandes rasgos, la salida a la crisis que vive el país hoy pasa por tres frentes.

El primero es el manejo responsable de las acciones de violencia que usan la protesta política como fachada. En este campo, los servicios de inteligencia deben tomar liderazgo; la fiscalía, mantener un rol activo; y las fuerzas del orden, responder de manera firme, pero proporcional, siempre dentro del marco legal. El segundo es la promoción de espacios de coordinación en los que se puede llegar a consensos con diferentes instancias públicas y privadas, desde gobiernos regionales hasta líderes religiosos o comunitarios. Estos pueden ayudar a canalizar las demandas dentro de lo legalmente posible y calmar algunos ánimos. El tercero es la salida política. A largo plazo, esta es la más importante.

Respecto de esta última, el punto medular es el adelanto de elecciones. Si bien el período constitucional culmina en el 2026, la situación política y social es actualmente demasiado frágil para sostenerse tres años más sin cambios mayúsculos.

Como se sabe, el Congreso logró aprobar en diciembre pasado, con 93 votos a favor, la reforma constitucional que abre la puerta para la realización de elecciones generales –presidencia, vicepresidencias y Congreso– en abril del siguiente año. La modificación debe ser ratificada en una segunda legislatura con un mínimo de 87 congresistas a favor. Este número, sin embargo, no está garantizado; diversas bancadas, de izquierda y de derecha, podrían inclinarse en contra del adelanto. Es decir, basta con que tan solo siete de los 93 congresistas que votaron inicialmente a favor cambien de parecer para que la propuesta se desmorone.

Renovación Popular (RP), por ejemplo, que se mostró dividida durante la votación de diciembre, esta vez podría inclinarse definitivamente por la negatoria del adelanto. De acuerdo con Jorge Montoya, vocero del grupo, sus compañeros de bancada que votaron a favor “se dejaron convencer” por los que promueven la iniciativa. Las razones que RP ha dado para oponerse a los comicios en el 2024 son diversas: que no resolverá los problemas del país, que sería el preámbulo para una asamblea constituyente, que no se puede confiar en las autoridades electorales, etc.

Desde la izquierda, por otro lado, las bancadas del Bloque Magisterial, Cambio Democrático, Perú Bicentenario y Perú Democrático podrían también retirar parte de su apoyo. En sus casos, respaldar el adelanto estaría condicionado a la inclusión de un referéndum para una asamblea constituyente y al adelanto de elecciones para el 2023. Ambas son demandas que, los congresistas de izquierda saben, no serán aprobadas por el actual Congreso. El objetivo parece ser, simplemente, quedarse.

Así, los llamados públicos de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y del presidente del Congreso, José Williams, para confirmar el apoyo de los 93 congresistas que votaron a favor hace poco más de un mes podrían caer en saco roto. En las actuales circunstancias, las consecuencias serían impredecibles.

Una fecha certera de expiración ayudaría a legitimar, entre buena parte de la ciudadanía, a una presidenta y a un Congreso que necesitan oxígeno político adicional para completar siquiera este año. En las últimas semanas, no obstante, el Congreso ha sido incapaz de aprobar reformas constitucionales que ayuden a conseguir una mejor representación política en los siguientes comicios. Si esta falta de disposición es adelanto de lo que se viene, el país deberá prepararse más bien para varios meses de incertidumbre y convulsión sostenidas.