Editorial: Cuando pienses en volver

La decisión de Nadine Heredia de viajar a Ginebra para asumir el puesto de directora de la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) –un hecho que causó bastante desconcierto en el país– experimentó dos reveses significativos en los últimos días. 

Por un lado, el viernes pasado el juez Richard Concepción denegó el pedido de la defensa de la ex primera dama para fijar su domicilio en la ciudad suiza y cumplir con el registro de control biométrico mensual en el extranjero, y le ordenó que retorne al país en un plazo máximo de diez días. Y por el otro, el organismo internacional aplazó la asunción de funciones de la señora Heredia “considerando los desarrollos procesales” que tiene pendientes en el Perú.

Sobre lo primero, como ya habían adelantado diversos especialistas, era previsible que la solicitud de Heredia fuera rechazada. El ex fiscal superior Avelino Guillén lo había pronosticado en una entrevista a este Diario y lo ratificó el magistrado Concepción: la investigada “debe mantener arraigo en el Perú y no en el extranjero”, declaró a El Comercio.

La segunda, en cambio, fue una noticia poco esperada. En un comunicado al Gobierno Peruano, la FAO aseveró que tomaba esta decisión para no interferir en cuestiones judiciales que competen únicamente al país. Pero, a decir verdad, la intromisión de este organismo ocurrió desde el momento en que eligió a la señora Heredia para el puesto. El secretismo de Heredia sobre su postulación, la insuficiencia de credenciales académicas y profesionales de la ex primera dama para ejercer un cargo tan especializado (más aun, considerando la vasta experiencia de su predecesora en esa posición), y los vínculos de José Graziano –actual director general de la FAO y ex ministro de Lula da Silva– con el Partido de los Trabajadores en Brasil –principal grupo político involucrado en el caso de corrupción Lava Jato, que podría tener repercusiones en el Perú– siembran razonables dudas respecto a la buena voluntad del organismo internacional.

Mención aparte merece el fiscal Germán Juárez Atoche, quien aparentemente también cambió de parecer en pocos días. De no pedir la prolongación del impedimento de salida de la señora Heredia, pasó a solicitar una medida mucho más extrema como la prisión preventiva, recién luego de que se hiciera público el viaje de la ex primera dama. Su dejadez o impericia, que permitió la partida de Heredia, también fue puesta en evidencia en la última audiencia judicial. 

Pese a la inacción de la fiscalía, el juez Concepción ordenó a Nadine Heredia regresar al país a más tardar el lunes 5 de diciembre. De no hacerlo, indicaba el mandato judicial,  se le revocaría “la medida de comparecencia restringida por una más gravosa”.

Quizá con eso en mente, la señora Heredia tomó un vuelo de retorno al Perú ayer por la noche. Ello pese a que, en los últimos días, había dejado de lado su usual locuacidad en redes sociales y otros medios de comunicación para guardar un misterioso silencio; mientras que su abogado, Eduardo Roy Gates, no terminaba de confirmar si se acataría la resolución judicial, limitándose a indicar que sería la ex primera dama quien comunique “finalmente la decisión que tome”. Seguidamente añadió: “Como siempre, la señora Nadine Heredia seguirá colaborando con la justicia, en eso no hay ningún problema. Creo que nadie puede dudar de ello”. 

Ahora, tras su regreso, la ex primera dama tendrá una nueva oportunidad para validar lo dicho por el señor Roy Gates. Pues, si ‘colaborar’ significa mentir varias veces sobre la propiedad de las agendas que son parte de la investigación, intentar alterar su caligrafía en una prueba grafotécnica de la fiscalía, no aclarar el origen de los fondos del Partido Nacionalista y guardar silencio sobre su plan de abandonar el país, excusarán, ella y sus defensores, el escepticismo.