Promesas de medio año

La creciente distancia entre las promesas del gobierno del presidente Pedro Castillo y lo que efectivamente puede lograr genera ya una disonancia preocupante. Para un gobierno que fue elegido con la narrativa de cerrar las brechas sociales que el país arrastra desde hace siglos –un punto que repitió en campaña el entonces candidato Castillo en innumerables ocasiones–, lo que se ha conseguido en casi un año de gestión es pobre.

Durante la primera mitad del año, el gobierno nacional ha ejecutado apenas el 25% del presupuesto disponible para inversión. En sectores como Ambiente, Interior, Defensa, Educación y Vivienda, la cifra no supera el 20%. En Salud, un sector clave para la ciudadanía que aún se recupera de los estragos del COVID-19, se alcanza apenas ese porcentaje. A saber, durante los primeros seis meses del año los ratios de ejecución de inversión pública no suelen ser elevados. Sin embargo, este caso en particular –además de estar por debajo de la ejecución del 2019– contrasta de forma evidente con las extendidas promesas que se hacen desde los mal llamados Consejos de Ministros Descentralizados y otros espacios en los que las ofertas presidenciales y ministeriales están a la orden del día.

Como se recuerda, según un informe del grupo de análisis 50+1, el Gobierno realizó 238 promesas durante los Gabinetes Descentralizados, muchas de ellas relacionadas precisamente a mayor inversión en hospitales, aeropuertos, redes eléctricas, carreteras, etc. Con excepción de aquellos ofrecimientos relacionados a proyectos de ley o autógrafas, en el resto no se registraba mayor logro.

El lento avance en la ejecución de proyectos ha forzado a corregir las proyecciones para el año. El Banco Central de Reserva (BCR) ahora estima que la inversión pública crecería apenas un 2,1% en el 2022, por debajo del 4% que el mismo ente monetario proyectó en marzo pasado. Para el siguiente año, la cifra es solo del 1,6%. Con esa velocidad, es muy difícil pensar que el cierre de brechas sociales milenarias –ese que prometió el presidente Castillo– vendrá en algún momento.

Esto, por supuesto, no debería sorprender a nadie. En menos de un año desde la toma de mando del jefe del Estado, sus Gabinetes han tenido más de medio centenar de ministros. El Ministerio del Interior, por ejemplo, va por su sexto titular luego de la correcta censura de Dimitri Senmache por el Congreso, y registra una ejecución de inversión de poco más del 15% del presupuesto del 2022.

Y no es solo la rotación de fajines. En general, los perfiles que el presidente Castillo y sus jefes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) eligieron para los más altos cargos del Ejecutivo carecían de experiencia relevante en sus respectivos sectores. La cuota política, el compadrazgo y aparentemente la oportunidad de negocios indebidos guiaron la selección de puestos trascendentales. El ejemplo más saltante al respecto es el del prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, cuya cartera tiene, por lejos, el presupuesto de inversión pública más grande del Estado, pero este no es ni de cerca el único caso. La remoción de Amalia Moreno, anterior directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, una de las pocas organizaciones que habían logrado buena velocidad, es también ilustrativa.

Con todo esto a la vista, la verdad es que hubiese sido más bien sorprendente que la capacidad de ejecución del Gobierno se hubiera siquiera acercado a las promesas del presidente. A mediano plazo, la consecuencia no es solo la postergación de obras que la ciudadanía necesita con urgencia, sino el deterioro de la credibilidad de la clase política en general, y del presidente Castillo en particular. Y a poco de cumplir un año en el cargo, las excusas para la pobre gestión del Gobierno empezarán a ser cada vez más escasas.