Repetir el plato

La gravedad de lo que sucede hoy en el Gobierno y, en menor medida, en el Congreso, opaca un asunto que debería empezar a ocupar pronto la prioridad de la discusión política nacional: las elecciones regionales y municipales. En menos de cinco meses, el Perú sustituirá a todos sus alcaldes distritales y provinciales, además de a todos los gobernadores regionales.

En un país en el que la calidad de la gestión pública es quizá el principal problema por resolver, esto no es poca cosa. Basta con recordar que, para el presente año, las autoridades subnacionales tienen un presupuesto de inversión de S/33,9 mil millones, más que todo el que maneja el Gobierno Nacional. En otras palabras, si se quiere hablar de cerrar brechas de saneamiento, transporte, educación, etc., la mayor parte de la responsabilidad recae sobre las autoridades a elegir en octubre próximo.

Hoy, con la realización de las elecciones internas a lo largo del país para que cada grupo político pueda escoger a sus representantes, se cumple un hito electoral que, la verdad, carga menos peso en la práctica del que debería. Lo cierto es que la mayoría de agrupaciones ha presentado listas únicas, lo que ilustra con nitidez la extendida debilidad institucional de los partidos políticos.

Esta no es la única manifestación del pobre trabajo que muchos partidos han emprendido con miras a los siguientes comicios. Según revela en esta edición la Unidad de Periodismo de Datos (“EC Data”) de El Comercio, hay una serie de postulantes que registran sentencias y denuncias. Este es el caso, por ejemplo, de Álex Kouri, exgobernador regional del Callao sentenciado a seis años de prisión por colusión desleal y que aspira a repetir el cargo de la mano de Somos Callao. Augusto Miyashiro, exalcalde de Chorrillos sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por peculado, también quiere volver a su anterior sillón municipal con Podemos Perú. Pedro del Rosario, exalcalde de Los Olivos sentenciado a siete años por enriquecimiento ilícito, está en el mismo barco, facilitado en esta ocasión por Alianza para el Progreso. Fuera de Lima y el Callao, la situación no es mucho mejor. Entre los aspirantes a gobiernos regionales están personajes como Ángel Unchupaico (Junín), sentenciado a cinco años por negociación incompatible (aunque fue absuelto dos años después).

En total, hay 1.338 exautoridades que tientan nuevamente un cargo de elección popular. Es positivo que algunas personas con experiencia y buena trayectoria municipal puedan volver a dirigir su distrito, la provincia o la región –y, por eso mismo, la prohibición constitucional de la reelección de autoridades fue una mala reforma–. Sin embargo, en no pocas ocasiones los partidos han sido incapaces de filtrar a aquellos elementos que de ninguna manera deberían volver a ostentar poder. La falta de cuidado en seleccionar precandidatos se extiende también a aquellos que no demuestran experiencia alguna en asuntos municipales o de política regional.

Especial atención se debe prestar en aquellas regiones en las que el botín puede resultar más tentador. Zonas que reciben transferencias cuantiosas por concepto de canon y regalías mineras, por ejemplo, suelen ser atractivas para los candidatos sin escrúpulos. El triste caso de Áncash, con un sinnúmero de autoridades investigadas, procesadas y sentenciadas, es paradigmático. Y Perú Libre, vale recordar, busca poder en las seis regiones con mayores inversiones mineras.

Si la política en el Perú ha fracasado y la calidad de la gestión pública es, en promedio, lamentable, la cuota de responsabilidad está tanto en las autoridades nacionales como en las subnacionales. Lo que es peor, las elecciones de octubre parecen anticipar que se puede esperar pocas novedades en la calidad de las segundas.