Editorial: Segunda llamada

El jueves pasado, durante un diálogo con la prensa extranjera, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, señaló que “es preocupante que el presidente de la República no guarde neutralidad en el proceso electoral” e hizo “una invocación para que contribuya a crear el ambiente más idóneo para continuar con el desarrollo normal” del mismo.

Aunque el titular del JNE no lo hizo explícito, su observación tenía como obvia motivación la circunstancia de que el mandatario hubiese firmado unos días antes un acta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacionalista en el que este expresaba su “preocupación por la falta de ponderación que ha exhibido el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales en una serie de actos resolutivos contradictorios y faltos de concordancia” (sic), lo que habría redundado negativamente “en la necesaria transparencia de las elecciones generales 2016”. En base a dichas consideraciones –rezaba el acta–, el Comité había decidido aprobar el apartamiento del Partido Nacionalista de las elecciones generales.

Los cargos eran, como se ve, bastante serios; máxime, cuando habían sido planteados en un documento que acompañaba la solicitud del retiro del hasta entonces candidato del nacionalismo, Daniel Urresti, de la carrera electoral. Pero, en cualquier caso, formaban parte de lo que uno de los participantes en la competencia podía plantear.
El problema surge cuando el presidente de la República –que al adoptar esa investidura asumió la representación de todos los peruanos y no solamente la de los miembros de su partido– suscribe tal aseveración, convirtiéndose en el acto en parte de un proceso respecto del cual debería, por definición, mantenerse neutral.

Si lo que se busca es exonerar de cualquier sospecha la limpieza de los comicios en marcha, la primera regla a respetar debería ser más bien la de conservar al gobierno en funciones lejos de los asuntos que son materia de disputa política en el proceso. Particularmente, cuando hablamos de reglas de juego que podrían inclinar la balanza en favor de uno u otro candidato.

En ese sentido, es también de lamentar la intervención del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien a través de su cuenta de Twitter opinó: “El JNE innecesariamente genera una polémica con el gobierno”, soslayando el hecho evidente de que quien inició lo que él describe como una polémica fue el presidente Humala, al inmiscuirse en este tema como una de las partes en disputa. Un desacierto, dicho sea de paso, con el que el primer ministro empaña la buena imagen que había ofrecido recientemente ante la ciudadanía al descartar, con la Constitución como respaldo, cualquier posibilidad de postergación de las elecciones, como sugerían algunos rumores. 

A diferencia de él, hasta un congresista oficialista tan identificado con los deseos de Palacio como Josué Gutiérrez ha llegado a sentenciar: “A mí no me hubiese gustado que [el presidente] firme ese documento”. Para luego añadir: “En lo personal, suficiente creo que era la firma de los demás miembros del partido para proteger la investidura del presidente”. ¿Tan difícil le resultaba al primer ministro detectar la simple verdad principista encerrada en ese razonamiento?

Cabe recordar, por último, que esta no es la primera vez que el titular del JNE le pide al jefe de Estado que respete el principio de neutralidad al que está obligado durante todo proceso electoral, pues ya en diciembre le había hecho una invocación semejante a raíz de las pullas que había lanzado contra algunos de los candidatos o las opciones políticas en liza. Y en esa ocasión, su invocación tampoco fue bien recibida.

Nos encontramos, pues, ante una preocupante segunda llamada de atención por una transgresión presidencial de este tipo. Por el bien del proceso electoral, es de esperar que nunca llegue la tercera.