Editorial: Siete meses después...

La reunión en la que la Comisión del Congreso que investiga el caso López Meneses –el escándalo de corrupción más grande que enfrenta el gobierno– debía determinar qué personas tendrían la calidad de investigados estaba programada para el jueves pasado. La reunión, sin embargo, nunca tuvo lugar. La razón: falta de quórum.

Para Juan Díaz Dios, presidente de esta comisión, no se trató de una falta de quórum provocada por la desidia de los congresistas (lo que no sería, dicho sea de paso, demasiado sorprendente), sino que respondería a un complot para que no avancen las investigaciones. Los congresistas Josué Gutiérrez y Enrique Wong simplemente no aparecieron. Y, según Díaz Dios, Yonhy Lescano, otro de los ausentes, prefirió estar “andando ida y vuelta por los pasillos [del Congreso], paseándose frente a la sesión”. Si cualquiera de ellos hubiese solicitado licencia para no asistir, se hubiera podido bajar el quórum, pero, a diferencia de Javier Velásquez Quesquén, que sí lo hizo, ninguno de ellos presentó esta solicitud y dejaron así que la sesión se frustrara. “¿Les parece coincidencia? Cada uno sacará sus propias conclusiones”, sentenció Díaz Dios.

Estos últimos eventos, lamentablemente, no son los únicos que refuerzan la idea de que se estaría buscando entorpecer las investigaciones de este caso. No es la primera vez que la falta de quórum frustra una de sus reuniones en un momento importante (anteriormente, por ejemplo, esto ocurrió cuando se iba a definir el cronograma de citaciones para las investigaciones). Palacio de Gobierno, además, ha preferido abstenerse de responder un oficio enviado la semana pasada para recoger el testimonio del presidente de la República. Y aún está fresco el recuerdo de cómo el señor Humala y el congresista García Belaunde –entonces presidente de la comisión investigadora– se reunieron de manera secreta para conversar sobre el caso (ni siquiera el resto de miembros estuvo al tanto). Para colmo, las explicaciones que cada uno dio sobre el origen de esa reunión fueron contradictorias: de acuerdo con Humala, fue convocada por el congresista, mientras que según el congresista él fue convocado a Palacio.

Tampoco podemos dejar de mencionar otra denuncia hecha por Díaz Dios que enturbia más esta situación. Él aseguró que existirían personas vinculadas al ex operador montesinista que habrían intentado procurarse ilegalmente información sobre el trabajo de la comisión. De hecho, hace unas semanas se reveló un audio en el que un trabajador del Congreso confiesa que recibió una oferta de US$3 mil a cambio de esta.

Todo esto se suma las pocas ganas de esclarecer el escándalo López Meneses que mostró desde el inicio el nacionalismo. Inicialmente intentó que el caso no se ventile en una comisión independiente (y presentó como alternativas dos comisiones presididas por Gana Perú). Luego, presionó para que los hechos investigados empiecen en 1990, algo que habría hecho que los eventos recientes se diluyan en la larga historia del montesinismo. Y, una vez establecido el grupo de investigación, no se le habrían otorgado los recursos que le permitieran dedicarse a su función (según Díaz Dios no tenía sillas ni computadoras y contaban solo con un asesor).

La pareja presidencial, por su lado, ha hecho todo lo posible por intentar que la opinión pública pase rápidamente esta página. Desde el comienzo y en numerosas ocasiones el señor Humala ha declarado –sin ninguna investigación que lo ampare– que esto se limita a un caso de corrupción policial. Y cuando fue cuestionada por la reunión secreta con García Belaunde, la primera dama solo atinó a contestar: “Pierden el foco de las cosas, al final todos somos sospechosos y nadie se puede reunir con nadie. ¡Hazme el favor!”.

Lo cierto es que, más allá de acusaciones de ida y vuelta, han pasado ya siete meses desde que se instaló esta comisión y no tenemos ninguna respuesta clara de lo que ocurría en el domicilio de este señor. La versión –sin evidencia– de que es un caso de corrupción policial, por su parte, no convence a nadie. ¿Acaso no sabía ninguna autoridad superior qué sucedía en esa casa, a pesar de la evidente protección policial que se desplegaba? ¿Cómo se explicaría en ese caso, además, que el celular que se usó para solicitar protección policial a López Meneses haya sido también usado desde dos locales de las Fuerzas Armadas? ¿Con quién se reunía López Meneses en sus regulares visitas al Cuartel General del Ejército? ¿Quién estuvo detrás de la pérdida de los registros de visitas del penal San Jorge que consignaban con quién se juntaba López Meneses? Y las dos preguntas más importantes de todas: ¿Qué sucedía dentro de la casa del ex operador del montesinismo y hasta qué nivel del gobierno llega este turbio caso?

A la comisión investigadora se le vencerá el plazo en agosto y hasta ahora, en vez de resultados, ha producido escándalos. Lamentablemente, solo queda seguir preguntándose: ¿Quién se beneficia con esta comisión que sigue prácticamente inoperante?