Editorial: ¿Sigue siendo tan difícil caminar derecho?

Las libertades con las que el reo Antauro Humala lleva su vida en la cárcel son envidiables. Recordemos, solo por nombrar algunos de sus privilegios, que todo indica que, en lo que va de su tiempo en prisión, desde el penal él dirigió y editó su pasquín subversivo, recibió en su celda a las cabezas de su movimiento (uno de los cuales incluso ingresó con guitarra para armar una jarana), operó como ‘head hunter’ buscando empleos para distintas personas en el Gobierno, y actuó como ‘tramitador’ usando sus buenos oficios para agilizar los procedimientos en entidades públicas. Como si eso fuera poco, el hermano del presidente organizó en su celda románticos encuentros con su novia (los cuales fotografió con el mismo iPhone que utilizaba para comunicarse sin restricciones con el exterior) y consumió marihuana sin que ninguno de sus carceleros, por lo visto, se molestase por ello. Para colmo, en Navidad y Año Nuevo salía de prisión a su antojo para pasar las fiestas con sus seres queridos. 

La última gollería del reo más feliz del Perú la conocimos hace pocos días: se le dio permiso para ir a cobrar al banco un cheque por S/.72.000. Un cheque que, dicho sea de paso, fue girado por el Ejército, a raíz de un juicio pensionario que perdió frente al mencionado recluso. Un hecho que, además, resulta especialmente indignante, pues, mientras el Estado le paga a este señor con el dinero de todos los peruanos, no es posible hacerle pagar a él ni un sol de los más de S/.4 millones que debe por reparación civil a las víctimas del ‘andahuaylazo’.

Nadie entiende por qué, cuando se trata del hermano del presidente, es imposible para las autoridades mantenerlo en su celda cumpliendo las reglas que se aplican a todo reo. ¿Coincidencias de la vida? 

Lo cierto es que cada vez que el hermano del presidente hace de las suyas, el Gobierno paga la factura, pues se refuerza la idea de que el Estado está infestado por la corrupción. Este es un lujo que el Gobierno no puede darse. Como prueba, la encuesta de El Comercio-Ipsos que publicamos el lunes muestra que el 54% de la población cree que el principal problema del país es la corrupción. Y el 29% considera que su combate le es indiferente a este gobierno, 31% opina que existe desinterés y 14% que hay mucho desinterés.

El caso de Antauro Humala, sin embargo, no es el único que en estos días amenaza con reducir la credibilidad del oficialismo y su compromiso con la lucha anticorrupción. Está también el caso de la congresista nacionalista Cenaida Uribe. Hace poco se descubrió que ella habría utilizado su puesto para obtener beneficios particulares y que habría ocultado el conflicto de interés que tendría por ser dueña de un colegio y, simultáneamente, formar parte de la Comisión de Educación. 

Hasta el momento, la versión oficial del nacionalismo es que no blindará a la congresista. Y ojalá sea así, pues es larga la lista de parlamentarios de Gana Perú acusados de conductas sumamente cuestionables. Ahí están Omar Chehade con el caso de Brujas de Cachiche; Eulogio Amado Romero, cuyas acusaciones de tener vínculos con la minería ilegal le ganaron el apodo de ‘comeoro’; Walter Acha, acusado de violación; Rubén Condori, quien le robó el voto a una ex miembro de bancada; o Wilder Ruiz, quien mintió en su hoja de vida. Y, por supuesto, hay que sumarle a una ex miembro del partido que cuando congresista fue cercana al presidente Humala: Nancy Obregón, denunciada por vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. 

Con este historial de los congresistas de Gana Perú y con los antecedentes de Antauro Humala, el presidente debería ser extremadamente precavido al tratar los casos de su hermano y de la congresista Uribe. Bien haría en dejar de mostrar, de una buena vez, una enorme tolerancia a los comportamientos turbios de la gente que lo acompaña y de su familia. Por un lado, porque romper con la corrupción es lo éticamente correcto. Por otro, porque la percepción de que dentro del oficialismo es muy difícil “caminar derecho” socava la legitimidad de la presidencia y la gobernabilidad del país.