Editorial El Comercio

A estas alturas, afirmar que el presidente mexicano, , miente cada vez que se pronuncia sobre la situación política de nuestro país desde el golpe del 7 de diciembre no es una novedad. Lo viene haciendo , acaso porque se siente identificado con –del que funge como triste defensor en la arena internacional– en su poco apego a las formas democráticas y en su irrespeto a la prensa y a las instituciones.

El problema, sin embargo, es que sus mentiras no son inocuas: vienen afectando no solamente las relaciones entre el Perú y México, sino también a un mecanismo de integración regional que ha venido siendo tremendamente beneficioso para sus miembros en los últimos 12 años: la . Esto último, además, en consonancia con otro jefe de Estado afín a Castillo e igualmente incómodo con los procedimientos de la democracia: el colombiano .

Esta semana, López Obrador para defender su decisión de no entregarle al Perú la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico que le corresponde. “No le puedo entregar yo nada porque ella [] no es legal ni legítimamente, para nosotros, presidenta del Perú. Son cuatro países: Chile, Colombia, México y el Perú. La opinión del presidente de Colombia es parecida a la mía y el presidente de Chile tampoco está interesado en que se le entregue al Perú la presidencia de este grupo”, aseveró el lunes.

En la misma conferencia, además, le pidió a Boluarte “que le deje la presidencia” a Pedro Castillo, “porque ella está usurpando ese cargo, y que lo saque de la cárcel”. Añadió también que este se encuentra preso en Barbadillo “por ser una gente humilde, un maestro serrano del Perú”, y recordó que el Ejecutivo de Boluarte expulsó en diciembre al embajador mexicano en nuestro país “porque el presidente Castillo habló aquí pidiendo que se le diera asilo porque iban a detenerlo”.

Pues bien, con sus afirmaciones, el mandatario mexicano no solo ratifica su obcecación en negar lo que la mayoría de países y organismos internacionales han ratificado (que la asunción de Boluarte fue perfectamente constitucional luego de que el Congreso destituyera a quien dio un golpe de Estado en señal abierta), sino que revela un profundo desconocimiento de nuestro sistema y del funcionamiento de cualquier otra democracia en general; esto es, que la presidenta no puede ordenar la liberación de quien se encuentra hoy recluido preventivamente tras dos fallos del Poder Judicial que han sido, además, reafirmados por otras instancias. Aunque quizás a López Obrador este sistema de separación de poderes le resulte abstruso.

Castillo, conviene recordar, no está preso por ser “humilde”, sino por golpista y por presuntamente encabezar una organización criminal que habría colocado a gente incompetente dentro del Estado para succionar la mayor cantidad de dinero posible en los 17 meses que duró su gestión. Finalmente, y quizá sin proponérselo, el presidente mexicano ha confirmado que Castillo fue detenido cuando iba de camino a la embajada del país norteamericano para solicitar asilo, echando así por tierra la versión –bastante inverosímil, a decir verdad– que había dado el expresidente de que solo acudía al local diplomático a “dejar” a su familia.

Es cierto, por otro lado, lo que dice López Obrador cuando afirma que el presidente colombiano piensa como él. Ambos están hermanados por el error y la defensa del golpista. El domingo, por ejemplo, Petro cargó contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides –a la que Castillo ordenó arrestar tras su zarpazo el mismo 7 de diciembre–, y la culpó de haber protagonizado “un golpe de Estado” en nuestro país. Quizás los dos no se den cuenta del profundo daño que le están haciendo a las relaciones entre sus países y el nuestro, y a la misma Alianza del Pacífico, de cuyos avances se han beneficiado los colombianos y mexicanos en los últimos años y que hoy tienen que asistir al triste espectáculo que dan sus presidentes en la esfera internacional. En todo caso, nunca está de más recordárselos.

Editorial de El Comercio

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