Editorial: Silencio que ciega

Imagine que usted es un empresario que necesita tomar una decisión de inversión especialmente sensible en una semana, la cual afectará directamente el desempeño de su empresa por los siguientes cinco años. Para elegir mejor, usted sabe que necesita disponer de la información más actualizada posible sobre las tendencias de un mercado que es particularmente volátil y capaz de dar giros abruptos en pocos días. No obstante, para protegerlo de sus propias decisiones, el gobierno encontró razonable prohibirle el acceso a la información que necesita cuando la fecha crítica se ve más próxima. Usted se ve obligado entonces a tomar una decisión crucial con información incompleta.

Algo no muy distinto sucede en el contexto electoral. A partir de hoy, la legislación impide publicar encuestas sobre las simpatías de cara a los comicios del domingo. El silencio electoral vigente, que impide a millones de ciudadanos informarse sobre el desarrollo de las preferencias electorales a pocos días de una decisión crítica, resulta no solo inconstitucional, sino también contraproducente y discriminatorio.

Sobre lo primero, la Constitución de 1993, artículo 2, inciso 4, señala que toda persona tiene derecho “a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento […] sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”. En otras palabras, el derecho ciudadano a estar enterado sobre hechos que le competen directamente no debe ser conculcado.

El silencio electoral tiene, además, varias consecuencias perniciosas. Por un lado, dificulta el legítimo uso del ‘voto estratégico’. En una competencia donde, de por sí es complicado escoger entre diez opciones (y que en un momento, fueron hasta 17), puede ser perfectamente racional que las personas tengan dos, tres o más alternativas que les parezcan razonables y, escojan dentro de ellas, aquella que más oportunidades presente de ser elegida.

Por otro lado, la interdicción de publicar encuestas expone a los ciudadanos a algunas de dudosa veracidad que circulan por medios alternativos para favorecer a tal o cual candidatura, y a la vez brinda la oportunidad para que personas que sí tienen acceso a las encuestas reales puedan beneficiarse especulando a través de medios como la bolsa de valores.

Y son precisamente estas oportunidades diferenciadas lo que hace al silencio electoral una medida discriminatoria. La ley rige para los medios nacionales, pero no para los internacionales, y ciertamente la marea informativa que se mueve incesantemente a través de redes sociales e Internet en general es difícil –sino imposible– de controlar. Por ello, la norma resulta a fin de cuentas obsoleta y absurda.

No todos los peruanos, sin embargo, disponen de los medios necesarios para obtener información confiable, sea por su propio desconocimiento o por su falta de acceso físico (la penetración de la televisión por cable o del acceso a Internet, por ejemplo, es aún limitada en varias zonas pobladas del país). Periodistas, políticos, empresarios y otros privilegiados llevan siempre consigo una ventaja importante a la cámara secreta de votación. ¿Con qué derecho, entonces, se puede mantener una disposición legal que en la práctica obliga a vastos sectores de la población a votar con menos información que otros? La norma era ya inconstitucional y perniciosa; la tecnología la hizo además discriminatoria.

Como decíamos en editoriales anteriores, son muchas y consistentes las razones para eliminar una norma que crea ciudadanos de primera y segunda categoría. Así como el empresario, grande o chico, necesita tener la información más completa y actualizada posible para tomar la mejor decisión en un escenario siempre cambiante, cualquier ciudadano tiene el derecho, la necesidad y la responsabilidad de emitir un voto plenamente informado, para su beneficio y el del resto de la sociedad. Lo demás es contraproducente y discriminatorio. Es tiempo de alzar nuevamente la voz en contra del silencio electoral.