Sin adelanto

Ayer, tras dos días y cuatro postergaciones, el Congreso finalmente votó una propuesta elaborada por la Comisión de Constitución para adelantar las elecciones generales a diciembre del 2023. Esta establecía, además, que los nuevos legisladores asumirían funciones el 30 de abril del 2024, mientras que el nuevo presidente lo haría un día después, y que todos concluirían funciones en julio del 2026 (es decir, el mandato de estas autoridades tendría un carácter ‘complementario’).

En la víspera, como mencionamos en este Diario, el titular del Parlamento, José Williams, había adelantado en sus redes sociales que tantas postergaciones para esta importante sesión se debía a que en la interna las bancadas venían tratando de acordar una fórmula que generara la mayor cantidad de adhesiones posibles. Como sabemos, se necesitan 87 votos en dos legislaturas para aprobar esta reforma constitucional o, en su defecto, al menos 66 para luego ratificarla a través de un referéndum. Ayer, sin embargo, no se consiguió ni lo uno ni lo otro.

Tras casi cinco horas de debate, la propuesta de la Comisión de Constitución, que en teoría había sido elaborada para conseguir la mayor cantidad de respaldos posibles, solo obtuvo 54 apoyos. Votaron en contra legisladores de todas las tendencias, desde Renovación Popular y Avanza País hasta Perú Libre, sus escisiones y Cambio Democrático, pasando por Acción Popular y algunos congresistas que se fueron por la libre. Se dio, así, lo que desde esta página advertimos que podría ocurrir: que los intereses particulares, los pedidos inoportunos y las posturas intransigentes terminaran dándose la mano para hacer naufragar otra propuesta de adelanto de elecciones, dejando en pie la única alternativa que no es viable dada la situación del país: la de ir a las urnas en el 2026.

Desde la izquierda, volvieron a repetirse los pedidos para convocar una asamblea constituyente como condición ‘sine qua non’ para celebrar elecciones anticipadas. “No se trata de cambiar presidentes, se trata de cambiar las reglas de juego, […] necesitamos una nueva Constitución”, aseguró, por ejemplo, la parlamentaria María Agüero (Perú Libre) durante su intervención en el pleno. Un reclamo al que se plegó el legislador Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) afirmando que “la salida a esta crisis es pedirle al pueblo que exprese su voluntad, si quiere o no una nueva Constitución”.

Mientras que por el lado de Cambio Democrático (antes Juntos por el Perú), la vocera Ruth Luque sostuvo que era “inaceptable” permitir que la presidenta Dina Boluarte “se quede hasta el 2024″ y pidió en su lugar que se debatiera la moción de vacancia presidencial y las de interpelación contra los ministros que ha presentado su bancada.

En la otra orilla, Renovación Popular se ratificó en su postura de quedarse hasta el 2026 al tiempo que su portavoz, el congresista Jorge Montoya, calificaba la propuesta para adelantar los comicios de “inconstitucional” e “impracticable”. Finalmente, hubo quienes intentaron impulsar consideraciones que, en esta coyuntura, resultaban francamente inoportunas, como la del legislador de Acción Popular, Wilson Soto, quien pidió que también se cambiara a las autoridades regionales (que llevan apenas un mes en funciones).

En pie ha quedado el dictamen en minoría impulsado por el congresista Jaime Quito (Perú Libre) que está previsto a discutirse hoy, pero en la medida en que este pide una asamblea constituyente –que ya varios congresistas han adelantado que no apoyarán de ninguna manera– es muy probable que siga el mismo cauce que el de ayer.

A estas alturas, que el Congreso no haya llegado a avanzar una fecha para las elecciones adelantadas (sean estas en el 2023 o en el 2024) es irresponsable. Y que ello haya ocurrido mientras la convulsión social se ha cobrado la vida de más de 60 peruanos y viene dejando tras de sí una estela de violencia, destrucción y desabastecimiento en varias zonas del país es indolente.