Editorial: Son mis candidatos, pero no sé nada

¿Cuán confiable puede ser un partido político que no es capaz siquiera de escrutar a las personas a las que ha autorizado a usar su logo en un proceso electoral? ¿La responsabilidad de las agrupaciones políticas se agota cuando terminan de armar sus listas de candidatos o deberían también encargarse de brindarle a la ciudadanía toda la información posible sobre el pasado de estos? ¿Qué nos dice sobre un partido el hecho de que descubra a través de una portada periodística que está llevando consigo a personas cuestionadas?

Las anteriores son preguntas que, siendo válidas en cualquier momento de una campaña electoral, han cobrado especial relevancia en estos días.

El último lunes, nuestra nueva Unidad de Periodismo de Datos (ECData) advirtió que 215 candidatos –entre quienes apuntan a llegar al Congreso, al Parlamento Andino, a las vicepresidencias y hasta a la presidencia de la República en las elecciones del próximo 11 de abril– registran antecedentes civiles y penales. Si bien los casos más comunes son las demandas por alimentos, la revisión hecha por este Diario arrojó también la presencia de postulantes con antecedentes por violencia familiar, estafa, extorsión, malversación de fondos, peculado, entre otros. En el colmo de la situación, el candidato de Piura Marvin Bancayán Fiestas, de Victoria Nacional (VN), colecciona 16 litigios en su historia personal.

Antes de todo, vale decir que no resulta novedoso descubrir que nos encontramos en una campaña con postulantes salpicados por sus líos con la justicia (allí están, entre los más conocidos, los nombres de Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Daniel Urresti, Julio Guzmán y César Acuña). Pero a diferencia de los anteriores, los casos que nos atañen aquí implican a varios candidatos cuyos antecedes eran desconocidos… incluso dentro de sus propios partidos.

En efecto, consultados por esta publicación, los representantes de las organizaciones políticas han dado respuestas que oscilan entre el “no se ha podido hacer una revisión de los miles de precandidatos que se presentaron en las elecciones internas […], de tal manera que siempre por ahí se escapa” (en palabras del aspirante presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano) hasta el “ninguno ha robado al Estado ni ha chocado con recursos públicos” (formulado por José Vega, secretario general de UPP). Sin olvidar, por supuesto, la manida excusa de culpar a la Ventanilla Única por no hacer el trabajo que deberían haber hecho las agrupaciones.

Una cosa que llama la atención en particular es que en Alianza para el Progreso (APP), el segundo partido con la mayor cantidad de postulantes en esta situación (16), hayan alegado que “se ha hecho el mayor de los esfuerzos [para evitar postular a candidatos cuestionados]”, cuando el hecho de haber abrigado en sus filas a tres congresistas que en los últimos años fueron sentenciados durante su mandato por temas que nada tenían que ver con sus labores parlamentarias (Benicio Ríos, Edwin Donayre y Humberto Acuña) los debió haber llevado a ser más escrupulosos.

Como hemos dicho antes, cuando un partido político cobija a un candidato bajo su marca, lo que está haciendo en buena cuenta es solicitándole a la ciudadanía que vote por alguien que ellos certifican de alguna manera. En ese sentido, y aunque a los postulantes les asiste un derecho válido a la presunción de inocencia, las agrupaciones políticas no pueden desentenderse del pasado de estos ni renunciar a su deber de brindarles a los votantes toda la información sobre aquellos que buscarán representarlos en el futuro. De lo contrario, es como si nos dijesen “este es mi candidato, te pido que lo apoyes, pero, por si acaso, yo no sé nada sobre él”.

Finalmente, la ciudadanía tampoco debería dejar de exigirles a los partidos políticos que sean completamente transparentes sobre los candidatos que les ofrecen. Ya hemos tenido demasiadas –ingratas– sorpresas con nuestras autoridades en los últimos cinco años como para seguir encontrándonos con otras en el próximo quinquenio.