Tonos de gris

El día de ayer, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a cuatro nuevos ministros. Daniel Maurate (Justicia), Magnet Márquez Ramírez (Educación), Antonio Varela Bohórquez (Trabajo) y Juan Carlos Mathews Salazar (Comercio Exterior y Turismo) se unen al Gabinete liderado por Alberto Otárola desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El cambio más predecible era el del ahora exministro Óscar Becerra al frente del Ministerio de Educación (Minedu). Con sus exabruptos y ofensas, este se había convertido en fuente de polémica y pasivo institucional constante para el Ejecutivo. El traspié más reciente fue su llamado a reinstaurar la pena de muerte en el país y salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que llamó “un adefesio, con perdón de los adefesios”. La decisión de cambiarlo es correcta y debió tomarse antes.

En el caso del Ministerio de Justicia (Minjus), de acuerdo con fuentes de este Diario, la salida de José Tello se habría debido –por lo menos en parte– a desavenencias con Otárola. El anuncio de parte de Tello de una política de reparaciones adelantadas a los deudos de los fallecidos durante las últimas protestas políticas habría sido uno de los motivos de la ruptura de relaciones entre ambos. Vale recordar que, hace dos semanas, Tello y el ministro del Interior, Vicente Romero, ofrecieron una controversial conferencia de prensa a propósito de la incautación de bienes contra Joaquín Ramírez y la Universidad Alas Peruanas. Su participación, que pareció motivada por un simple afán de figuración, restó legitimidad al proceso y otorgó a los investigados una innecesaria oportunidad para victimizarse.

Respecto de los recientes nombramientos, llama la atención el caso de Maurate, quien fue destituido de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec) tras salir a la luz denuncias por supuesta adulteración de sus certificados de experiencia laboral y académica en el 2011. Con la presencia de Maurate, ministro entre el 2015 y el 2016, Otárola refuerza la cuota de personas ligadas a la gestión del expresidente Ollanta Humala en la actual administración.

Paradójicamente, la recomposición del Gabinete, en vez de mostrar una nueva faceta, refuerza la imagen generalizada de este gobierno como uno perdido en la medianía. Sin mayor norte ni inspiración, la administración de la presidenta Boluarte ha optado por fortalecer la influencia de la PCM y de su titular en los asuntos del Ejecutivo. La expectativa es que esta mano firme en el timón –una que toma pocos riesgos con profesionales de perfil medio o con funcionarios que habían pasado ya por alguna cartera sin mucho por qué ser recordados– permita navegar el mayor tiempo posible sin ambiciones, pero sin sobresaltos.

Si la aspiración realmente es llegar al 2026, la estrategia política actual del Gobierno difícilmente será suficiente. Esta posición podía haber sido sensata –o, por lo menos, forzada– en los momentos iniciales de extrema debilidad e incertidumbre de finales del año pasado e inicios del presente. No obstante, con una administración más asentada en el cargo y que espera durar, lo que le corresponde es gobernar e imprimir una visión de Estado. Para ello, los ministros son piezas claves en la formación de consensos y alianzas, en la dirección estratégica de sus sectores, y en la presencia política del Ejecutivo. En estas métricas, el Gabinete recompuesto parece también quedarse bastante corto. El país tiene problemas reales y no puede ni debe permitirse tres años de paréntesis.