Editorial: Tributos para Verónika

La semana pasada la bancada del Frente Amplio (FA) anunció que un 10% de los ingresos de cada uno de sus 20 integrantes se destinará al fortalecimiento de la organización y que una parte indeterminada de ese fondo tendrá como objeto solventar la actividad política de su ex candidata presidencial, Verónika Mendoza, para permitirle una dedicación exclusiva a esa tarea, imposible cuando se tiene la necesidad de generar ingresos de otra forma para subsistir.

“Es evidente que si Verónika tendrá una dedicación a tiempo completo, hay que buscar algún mecanismo de retribución, teniendo en cuenta que ella tiene obligaciones familiares”, aseveró días atrás la legisladora Marisa Glave.

Se trata, por cierto, de una iniciativa a la que los integrantes de esa agrupación tienen derecho y que no es insólita en el contexto de las colectividades políticas en el país. Algo similar ocurre, por ejemplo, en Fuerza Popular con Keiko Fujimori, y ocurría en el nacionalismo, con Nadine Heredia. Aunque con una diferencia importante: mientras ellas ostentaban u ostentan un cargo orgánicamente establecido en sus respectivos partidos (el de presidentas), Verónika no. A ella, más bien, se la ha presentado reiteradamente como una persona que ejerce solo uno entre los “liderazgos múltiples” (la expresión es del congresista Marco Arana) del FA.

Se suele insistir, además, en la idea de que si quisiera volver a postular a la presidencia, ella tendrá que participar primero de un proceso interno de elecciones como aquel en el que resultó vencedora el año pasado. Y si bien la financiación de la que hablamos no se opone directamente a esa eventualidad, sí socava el principio de igualdad sobre el que debería basarse.

Como anticipándose a esta crítica, Marisa Glave ha sentenciado: “Eso no quiere decir que será la candidata natural, porque ella ha dicho que quiere ganar unas primarias”. Pero su afirmación enfrenta varios problemas lógicos. En primer lugar, la señora Mendoza no debería dejar de ser la candidata natural del FA solo porque ‘quiere ganar’ unas primarias, sino porque las normas internas de esa agrupación la obligan (tanto a ella como a cualquier otro que aspire a representar los colores partidarios en las elecciones presidenciales).

Y en segundo lugar, porque es obvio que si alguien quisiera competir con ella en semejante afán sin tener el cultivo de su liderazgo igualmente solventado, estaría en absoluta inferioridad de condiciones, pues tendría que dividir su tiempo entre la actividad política y un trabajo que le permitiese cubrir sus necesidades y las de su familia.

Las objeciones a ese plan han provenido hasta de alguien tan cercano al FA como su ex candidato vicepresidencial y actual parlamentario andino, Alan Fairlie. “Si están hablando de que va a haber una elección entre precandidatos [y] se financia a uno de los precandidatos, ya lo eligieron”, ha observado él. Para luego añadir: “Que se defina un aporte a todos los que van a ser precandidatos porque si no, sería una lucha muy asimétrica, ¿no?”.

Lo que funciona casi como una reducción al absurdo del razonamiento ensayado por Glave. En buena medida, lo que la frase de Fairlie pone en evidencia es que en la agrupación izquierdista quizás los liderazgos sean múltiples, pero los financiamientos no tanto.

En la práctica, efectivamente, si los fondos obtenidos del diezmo aportado por los congresistas se destinan de manera prioritaria a sostener a “un equipo profesional dedicado a hacer política, liderado por Verónika Mendoza”, lo que se está haciendo es concederle a quien anunció en mayo pasado desde Tacna “llegaremos a la Presidencia de la República y a Palacio en el 2021” una ventaja difícil de remontar para sus potenciales competidores internos. Casi un tributo.

Un dato a tener en cuenta la próxima vez que desde el FA intenten usar el argumento de la democracia doméstica como prueba de que las sintonías con el actual régimen venezolano que se le atribuyen son descabelladas.