Editorial: Una de manual

Conforme transcurren las semanas, el Gobierno del presidente Pedro Castillo acumula rastros extraídos directamente del manual de los proyectos autocráticos latinoamericanos. La característica más saliente, sin duda, es su empuje por una nueva Constitución, pero también se cuentan aquí los ataques a la prensa, el nombramiento de altas autoridades por su afinidad política al partido más que por su perfil técnico, la retórica de la simbiosis entre el “pueblo” y el caudillo, entre otras figuras socorridas por quienes desean expandir su esfera de poder más allá de los límites democráticos.

A este rosario de señas, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, agregó una más durante su segunda intervención en el pleno del Congreso a propósito del voto de confianza que buscaba para su Gabinete. “No debemos dar espacio a la intolerancia, a la incomprensión, eso genera terrorismo económico en el país. Eso genera desconfianza, eso genera que el dólar esté subiendo porque se muestra la inestabilidad y, peor aun, si vemos eso en el Congreso de la República. Entonces, debemos pensar, por la confianza, también desde aquí”, mencionó el pasado viernes.

En primer lugar, es difícil no percibir una pizca de burla o malicia cuando Bellido usa la expresión “terrorismo económico”. Sobre miembros del Gabinete (incluyendo él mismo) y sobre el partido de Gobierno del que forma parte –Perú Libre– pesan sólidas acusaciones de simpatías hacia –e incluso colaboración con– movimientos terroristas reales. En una persona cualquiera, el uso inapropiado o excesivo del término ‘terrorismo’ en un foro público suena ofensivo y antihistórico; en alguien que ha ensalzado la figura de la subversiva Edith Lagos suena inaceptable.

Sobre el asunto de fondo, vale notar que atribuir la culpa a terceros por los malos resultados económicos del Gobierno suele ser una salida típicamente usada por los regímenes autocráticos de la región. En Cuba y Venezuela, según las narrativas de sus respectivos líderes políticos, son el bloqueo económico, los ‘especuladores’ o los intereses foráneos los responsables de su crisis actual. Incluso en Argentina se utiliza regularmente al empresariado como un chivo expiatorio para explicar la sostenida alza de precios. En todos estos casos, por supuesto, la razón central del deterioro económico está en el uso de políticas económicas fracasadas, pero reconocer errores no suele ser parte del manual.

El presidente Pedro Castillo ahondó en esta técnica hace poco cuando, en referencia al precio del pan, aceite y otros, mencionó que en su gobierno no iban a “permitir que por situaciones políticas los monopolios hagan lo que quieran”. Como se sabe, no obstante, poco tienen que ver “los monopolios” –un término con el que el presidente Castillo no parece estar demasiado familiarizado– con el alza de los precios de varios productos básicos. El aumento de estos ha venido en buena parte del alza de los ‘commodities’ en el ámbito global y, también, por la subida del tipo de cambio. Y en esta última, la enorme incertidumbre generada por el Gobierno tiene amplia responsabilidad.

El problema con esta narrativa, como se ha visto en otros países, es que antagoniza y apela al discurso populista para trasladar falsamente responsabilidad y dolo a un sector de la sociedad –en este caso, el empresariado–, mientras abona el terreno para interferencias directas en la libertad económica. Por ejemplo, la bancada de Perú Libre, como comentamos hace un par de semanas desde este Diario, presentó ya un proyecto de reforma constitucional para controlar precios. Como decíamos, de manual.