Según fuentes de este Diario, en el Congreso ya existiría consenso sobre la elección de tres de los seis candidatos que llenarían los sitios de los integrantes del Tribunal Constitucional (TC) cuyo mandato ha vencido. Estos serían el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), José Luis Sardón; el actual embajador del Perú en España, Francisco Eguiguren; y el conocido jurista Ernesto Blume. Ellos, como se recordará, fueron los tres candidatos al TC que sí tenían la aprobación ciudadana de la que carecía el resto de nombres que formaron parte de la tristemente recordada repartija. Y es que los tres no solo tienen todos los pergaminos necesarios para formar un TC de lujo, sino que además representan en conjunto una sana diversidad ideológica que siempre debería estar presente en el órgano encargado de interpretar la Constitución. El Congreso, sin embargo, sigue deshojando margaritas, esperando ponerse de acuerdo en los nombres de los tres vocales restantes para ejecutar el nombramiento de todos de forma simultánea.
En este Diario, somos de la opinión de que, si efectivamente ya existe el consenso mencionado, el Parlamento debería avanzar con el nombramiento de dichos magistrados.
La razón más evidente es un tema de urgencia. Ya han pasado cuatro años y medio desde que se venció el mandato del vocal de mayor antigüedad dentro del TC. Ya han transcurrido, asimismo, siete meses desde el escándalo que provocó el audio en el que el Perú entero escuchó cómo los congresistas se repartían sin vergüenza los nombramientos al TC y a la Defensoría del Pueblo como quien se reparte los pedazos de una torta. Y cada mes que pasamos esperando que salga humo blanco del Congreso, se deslegitima más el mecanismo de elección del TC y se le recuerda a la ciudadanía la falta de seriedad de los parlamentarios en lo que toca a este tema. ¿Acaso no sería una buena idea recuperar un poco de crédito con los electores mostrando que el Parlamento puede nombrar a tres estupendos juristas en tan importante corte?
Por otro lado, avanzar con la designación de los tres abogados mencionados como vocales pondría una necesaria valla alta para los siguientes nombramientos. Como señalamos, todos ellos son juristas sumamente destacados y con una trayectoria profesional impecable, lo que haría más escandaloso que una posterior designación recayese sobre algún personaje cuyo único mérito sea su cercanía a un partido político.
Establecer esta valla sería de capital importancia especialmente si tenemos en cuenta lo que ocurrió la vez pasada. Como todos recordamos, se quiso nombrar en el TC a un miembro del ala radical del nacionalismo que le hizo el juego al brazo político del MRTA para que lanzara una perorata en nombre del terrorista Néstor Cerpa Cartolini. También se quiso colocar ahí a un defensor del régimen fujimontesinista y de acusados de violaciones de derechos humanos y de narcotráfico, perfil profesional poco compatible con el de un magistrado encargado de defender las libertades ciudadanas. Y, finalmente, se quiso nombrar a un ex congresista sin ninguna experiencia en temas constitucionales y que tiene en su historial el haber sido suspendido por organizar una protesta en las instalaciones del Parlamento y por haber sido acusado de influir en la entrega ilegal de permisos de pesca. El Congreso aún no se recupera del desprestigio causado por estas infelices elecciones.
En buena cuenta, por las dos razones mencionadas, la designación de los tres vocales sería algo así como una ‘vacuna anti-repartija’, que mostraría que esta vez el Congreso está dispuesto a tomarse las cosas en serio. Algo que la ciudadanía pide a gritos y que los parlamentarios deben con creces al Perú entero.
Dar este paso no es un imposible. Solo se requiere un poco de voluntad política y convencer a los partidos cuyos candidatos aún no encuentran consenso de que pongan sus intereses detrás de los del país. Algo no muy difícil de lograr, salvo, por supuesto, que lo impida una nueva repartija que, sin que lo sepamos, actualmente se encuentre en vía de ejecución.