El jueves pasado, el Congreso aprobó un dictamen para “promover el ingreso a la carrera pública magisterial de los docentes nombrados interinamente” que fueron cesados en el 2014. Se trata, sin duda, de un golpe a la reforma educativa, de un ninguneo a los profesores que vienen esforzándose para cumplir con los lineamientos implementados por esta, y de un atentado contra nuestros estudiantes que viene a sumarse a los golpes que han sufrido en el último tiempo, por ejemplo, con los estragos que causó en el sector la pandemia del COVID-19.
Para entender por qué lo aprobado por 101 parlamentarios seis días atrás es sumamente preocupante, vale la pena hacer un poco de historia. Como han recordado expertos como la exministra de Educación Marilú Martens, la Ley del Profesorado de 1984 permitió que docentes sin título pudiesen dictar clases en las escuelas públicas de manera provisional. Esto no fue gratuito, pues se hizo pensando en cubrir el déficit de personal educativo de aquellos años, especialmente en las áreas más alejadas del territorio nacional. Sin embargo, siempre se trató de un régimen “que tenía carácter y naturaleza transitoria”, como ha recordado el Ministerio de Educación (Minedu), y que fue eliminado por la Ley de Reforma Magisterial del 2012, que determinó que los docentes que accederían a la carrera pública magisterial serían únicamente aquellos con título pedagógico y que hayan aprobado la evaluación correspondiente. Esta norma, además, les dio un último plazo de dos años a los docentes interinos para titularse.
Agotada esta prórroga, en el 2014 se realizó una evaluación para los casi 15.000 docentes interinos, una prueba a la que únicamente se presentaron poco más de 5.300 y que solo superaron satisfactoriamente 546 de ellos. El resto fue removido mediante una resolución del Minedu.
Ahora, el proyecto aprobado por el Legislativo y empujado en este período parlamentario por congresistas como Katy Ugarte y Alex Paredes (ambos del Bloque Magisterial) propone beneficiar a los más de 14.800 docentes interinos cesados en el 2014. Por un lado, permitiendo que aquellos que obtuvieron sus títulos hasta antes de la entrada en vigor de la Ley de Reforma Magisterial ingresen automáticamente –sin evaluación de por medio– a la carrera pública magisterial y, por el otro lado, que aquellos que lo obtuvieron entre el 2012 y noviembre del 2014 lo hagan siempre y cuando aprueben una evaluación extraordinaria o acrediten haberse desempeñado como profesores contratados por 30 meses de manera continua o interrumpida desde dicha fecha.
No cabe duda de que estamos ante un golpe directo al espíritu de la reforma educativa que tuvo desde sus inicios a la meritocracia como el eje para la transformación del sector. Además, se soslayan los esfuerzos de los docentes que sí cumplieron con los requisitos que les exige la ley para ingresar a la carrera pública magisterial, y de otros 200.000 que actualmente se encuentran postulando para acceder a ella. Ello, por no hablar del costo que la medida conllevaría y que el Ministerio de Economía ha cifrado en más de S/453 millones.
Para sus promotores, sin embargo, ninguna de estas razones es atendible. Para la legisladora Ugarte, por ejemplo, que desaprobó más de una evaluación del Minedu, se trata de “hacer justicia a los maestros que trabajaron en zona de frontera, en zonas rurales” y, preguntada especialmente por su condición de reprobada en el pasado, ha retrucado: “No todos tenemos las mismas inteligencias”. Mientras que su colega Paredes ha sostenido que, “por encima de la meritocracia, está el respeto pleno, absoluto e inmaculado de los derechos humanos” y ha equiparado la remoción de los docentes interinos en el 2014 a “violaciones a esos derechos humanos”.
La verdad, sin embargo, es que más importante que la situación de los docentes es la de los escolares peruanos, que son los beneficiarios finales de la reforma y que deberían recibir en sus escuelas un servicio brindado por profesionales competentes y evaluados para darlo. Esperemos que el Gobierno observe esta ley, pues en la lucha por tener un mejor país no podemos ceder ni un centímetro ante quienes se encuentran legislando de espaldas a nuestros alumnos.
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