Ni sana ni sagrada

Pocos han sufrido un giro de destino y de imagen tan radical como Alejandro Toledo y Eliane Karp. A inicios de siglo, el expresidente y su esposa encarnaron el espíritu y la esperanza de un Perú que regresaba a la democracia. Con una notable historia de superación personal de Toledo como respaldo, por algunos años la pareja presidencial fue la imagen de un país que se estabilizaba y progresaba con justicia y equilibrio de poderes.

Casi un cuarto de siglo después, la transformación es completa. Alejandro Toledo se halla detenido en el penal de Barbadillo, con tres órdenes de prisión preventiva encima y un requerimiento de 24 años de prisión efectiva de parte de la fiscalía. Eliane Karp, por su lado, fugó desde EE.UU. hacia Israel –de donde es ciudadana– en el 2023, tras la extradición de su esposo al Perú. Prefirió escapar a la justicia antes que enfrentarla junto con su marido.

Esta semana, sin embargo, la Corte Suprema declaró procedente el requerimiento de detención y extradición de Karp desde Israel. Ella es acusada por el Ministerio Público por lavado de activos en el Caso Ecoteva. La fiscalía solicita 16 años y ocho meses de prisión por el presunto delito. El caso se encuentra por el momento suspendido y se reactivaría una vez que la ex primera dama sea extraditada. Aún quedan pasos administrativos por delante (el Ejecutivo debe autorizar el requerimiento, que luego sería enviado al Ministerio Público para su traducción, y de ahí canalizado por la ruta diplomática), pero parece bastante claro que el Perú hará oficial su pedido de juzgar a Karp. Ella ha sido declarada rea contumaz, enfrenta orden de prisión preventiva y también una solicitud emitida a la Interpol para su captura internacional.

Si bien el Perú no cuenta con un tratado de extradición con Israel –y Karp, decíamos, dispone de ciudadanía de ese país– ambas naciones son signatarias de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, o Convención de Mérida, y el Perú ha enviado antes detenidos para que sean juzgados en Israel. Así, el país apelará al principio de reciprocidad con Israel.

Si Israel se negase, con seguridad no podría argüir debilidad en el caso de la fiscalía peruana. La verdad es que la defensa de la ex pareja presidencial no tiene dónde encontrar piso. De todas las acusaciones grandes contra prominentes políticos nacionales, posiblemente las que se siguen contra Toledo y Karp sean las más sólidas. Existen declaraciones de testigos y colaboradores eficaces, adjudicación de contratos ilícitos, testaferros identificados, reuniones documentadas, evidencia de fondos millonarios y amplio detalle sobre la ruta del supuesto lavado de activos. No hay, verdaderamente, dónde esconderse. Y, por lo menos en lo que respecta al último delito, el de blanqueamiento de dinero a través de empresas ‘offshore’, la fiscalía ha encontrado las huellas de la ciudadana belga-peruano-israelí. Su propia madre, Eva Fernenbug, era presidenta de la compañía que se habría utilizado para lavar los fondos ilícitos y adquirir diversos inmuebles.

El Perú merece cerrar este lamentable capítulo de corrupción al más alto nivel, y solo lo conseguirá cuando los culpables enfrenten la justicia. El daño que ocasionaron no ha sido solo financiero o fiscal, sino a las mismas nobles ideas que encarnaron décadas atrás. Y eso no se recupera con ninguna reparación civil. De la ex primera dama no se ha sabido desde mayo del 2023, cuando fue a ocultarse a Oriente Medio. La trama alrededor suyo podría durar todavía un tiempo más (Toledo permaneció en EE.UU. seis años), pero el final parece inevitable.