El descubrimiento del cuerpo Sheyla Cóndor, así como el de un menor de 11 años, ambos reportados como no habidos días antes de los respectivos hallazgos, han llamado nuestra atención sobre una situación dramática que viven miles de familias peruanas todos los años: la de la desaparición de algunos de sus miembros sin que se vuelva a saber de ellos o solo se los encuentre muertos.
Las cifras de los últimos años son pasmosas. En lo que va del 2024, por ejemplo, se ha denunciado oficialmente el extravío de 14.919 personas, y solo 7.446 de ellas han sido localizadas (114 sin vida). Es decir, hay otras 7.437 de las que no se ha vuelto a tener noticia. Y en los años pasados los números fueron semejantes o peores.
Es difícil imaginar la zozobra y el temor que debe dominar a los parientes de una persona dada por perdida, sobre todo si hablamos de menores de edad o discapacitados. Su angustia, sin embargo, no siempre encuentra una reacción tranquilizadora de parte de la policía. En el caso de Sheyla Cóndor, como se sabe, el registro de la desaparición solo pudo conseguirse tras vencer una gran resistencia de los efectivos, y en el del menor al que aludíamos líneas arriba, la respuesta que la madre recibió cuando acudió a la comisaría de San Andrés, en el Cercado de Lima, a reportar el hecho fue: “¿Por qué lo dejaste salir si estaba enfermo?”.
A esa actitud indolente hay que sumar la información equivocada que con frecuencia transmiten algunos malos policías cuando alguien se acerca a ellos para denunciar una desaparición: que hace falta esperar que transcurran 24 o 48 horas del hecho para que el reporte pueda ser ingresado… Y eso es completamente falso. La denuncia puede ser presentada en el momento mismo en que un familiar o un amigo está inubicable, y quien la recibe tiene la obligación de acogerla y dar una copia gratuita de la nota de alerta con la que se pondrá el hecho en conocimiento del sistema integrado de la policía a escala nacional.
Más que dramática, la situación de los desaparecidos y sus seres queridos es, en realidad, trágica. Sin embargo, en las altas esferas del Gobierno y en la opinión pública nadie parece preocuparse demasiado por el problema. Por eso, desde este Diario hemos decidido hacer una alerta roja al respecto.
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