Fiscalizado número uno

Como informó ayer este Diario, desde que comenzó el gobierno de Pedro Castillo, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) han emitido un total de 24 alertas cuestionando las múltiples ocasiones en las que el Ejecutivo ha actuado contra el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Eso quiere decir que, por lo menos dos veces cada mes, en los últimos nueve, el jefe del Estado o quienes lo rodean han buscado obstaculizar la labor de los hombres y mujeres de prensa –bloqueando el acceso de estos a actividades oficiales o agrediéndolos directamente–, han amenazado con usar la publicidad estatal como un premio o castigo contra los medios dependiendo de su cobertura y hasta han blandido recursos judiciales para acallar reportajes comprometedores, entre otras acciones cuestionables.

Ciertamente, no resulta sorpresivo para los peruanos que desde un poder del Estado se busque sistemáticamente limitar el trabajo periodístico. En el quinquenio anterior, recordemos, el Congreso controlado mayoritariamente por Fuerza Popular (FP) intentó sacar una serie de leyes para restringir la labor de los medios de comunicación o castigarlos por exponer sus miasmas. Pero un asedio consistente desde el Ejecutivo es algo que no se veía por lo menos desde la década de los 90.

Desde esta página hemos subrayado en más de una oportunidad que el periodismo mantiene, por naturaleza, una relación tensa con el poder y en la que es usual que quienes se saben vigilados se sientan incómodos, sobre todo cuando desde los medios de comunicación se pone en evidencia la incursión, por parte de alguno de ellos, en alguna trapacería reñida con la ley o la ética. Pero esa es una incomodidad que, en democracia, las autoridades deben asumir y que, aunque puedan defenderse ofreciendo su versión de los hechos, de ninguna manera justifica que limiten el trabajo de la prensa. Pero esto no parecen entenderlo el jefe del Estado ni sus colaboradores más cercanos.

De hecho, la interpretación que Castillo y compañía hacen del trabajo de la prensa quedó nítidamente expuesta en la carta notarial que el mandatario envió a la directora de “Panorama”, Rosana Cueva. En esta, además de exigirle al dominical que se rectifique por un reportaje en el que se revela una aparente cercanía entre el mandatario y un proveedor del Estado, el presidente dice: “No voy a permitir que el ejercicio abusivo de las libertades de expresión y de información, cuyo único objetivo es desestabilizar el gobierno que legítimamente presido, mellen mi autoridad y la confianza del pueblo en este Gobierno”.

¿A qué se refiere el presidente con aquello del “ejercicio abusivo de las libertades de expresión y de información”? Si hay “abuso” es porque se considera que hay un límite que se está transgrediendo y, por lo visto en la misiva, el presidente cree que este se alcanza cuando su gobierno es objeto de una denuncia. Porque el Ejecutivo no debería esperar que los medios sean algo menos que críticos y fiscalizadores del trabajo que hace, no es la tarea de la prensa elogiar a los políticos ni maquillar sus fisuras. El ejercicio responsable de la labor periodística implica, justamente, que se saque a relucir todo aquello que nuestros representantes hacen mal. Con una administración como la actual, donde los cuestionamientos aparecen prácticamente a diario, es inevitable que ello desemboque, por acumulación, en perjuicios a “la confianza del pueblo con este Gobierno”. Pero esta es más una herida que se infligen el propio Castillo y sus allegados que un intento de la prensa por ponerlo en aprietos.

El presidente, en fin, preferiría tener una cobertura mediática que solo informe sobre lo que él quisiera (es decir, medios que trabajen “hermanados” con ellos, como lo definió meses atrás la vicepresidenta Dina Boluarte), pero aquella es solo posible en regímenes que ciertamente no pueden calificarse como democráticos. En una democracia, el primer funcionario de la nación debe ser, al mismo tiempo, el fiscalizado número uno.