Editorial: Deudor con pensión

Ayer se conoció que el 10 de julio el Congreso declaró procedente la solicitud realizada por Alberto Fujimori para que se le otorgue la pensión que la ley establece para expresidentes (y que asciende a S/15.600 mensuales). La primera reacción de las actuales y antiguas autoridades del Legislativo fue lavarse las manos. Por ejemplo, el expresidente del Parlamento Alejandro Soto aseguró que su gestión no aprobó “ningún beneficio” para el expresidente. Mientras que su sucesor, Eduardo Salhuana, aseguró que su gestión encontró “un tema ya resuelto”. Por lo pronto, la resolución ha propiciado ya un pedido de Pedro Castillo para que a él también se le otorgue dicho beneficio desde el penal de Barbadillo.

Resulta revelador que en el hemiciclo nadie quiera asumir la responsabilidad por una decisión que, según abogados como Natale Amprimo y Aníbal Quiroga, contraviene la ley. Ello, porque, tal y como se ha recordado a propósito de la posibilidad de que Fujimori sea candidato presidencial, el indulto que lo sacó de prisión no ha borrado la pena que se le impuso en el 2009. Para efectos de la ley, él sigue condenado y, en consecuencia, no debería ser acreedor del estipendio. “Si la razón para perder la pensión es la sentencia e inhabilitación, esa situación se configura con el señor Fujimori; y eso no desaparece por el hecho de que sea indultado”, sostuvo por ejemplo Amprimo. Por lo que el informe que contiene la interpretación que ha hecho el Congreso para favorecerlo resultaría –en palabras de Quiroga– “írrito”.

Y, más allá del tema jurídico, hay una serie de consideraciones éticas que no deberían quedar fuera de esta discusión. Entre ellas, que Fujimori fue vacado por incapacidad moral permanente, que renunció a la presidencia –a esa que ahora invoca para recibir el beneficio– por fax para luego postular al Senado japonés, y que le debe al Estado Peruano más de S/57 millones de reparación civil. Está en manos del Congreso revisar esta decisión.