Editorial: Las malas costumbres

Vencido ya el plazo para el retiro de listas y renuncias de candidatos, en estos días el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debería publicar la nómina definitiva de aquellos aspirantes que el próximo 7 de octubre se disputarán la dirección de 25 regiones, 196 provincias y 1.874 distritos en todo el país. Como sabemos, estos comicios serán diferentes a los últimos en la medida en que las actuales autoridades regionales, provinciales y distritales están impedidas de presentarse para una reelección. Más allá de esto, sin embargo, la campaña actual ya ha demostrado que arrastra algunos de los vicios de siempre. En concreto, aquel de la inadecuada e invasiva propaganda electoral.

Ayer, este Diario publicó un informe sobre las infracciones electorales que se han registrado en la recién iniciada carrera electoral. Según el JNE, hasta el día miércoles se habían contabilizado ya 2.006 incidencias en todo el Perú relativas a la propaganda de los candidatos. De este abultado grupo, la mayor parte está relacionada con los anuncios colocados en predios de dominio público sin la autorización correspondiente y con los famosos carteles y afiches colgados en los postes de alumbrado de las calles. Esta última infracción, además, es la más extendida en Lima donde se han detectado 252 casos de un total de 586, principalmente en los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho y Comas.

Llenar postes y avenidas de carteles, utilizándolos como plataformas propagandística, no solamente implica una trasgresión evidente a la ley, sino también una comprensión tergiversada del concepto de bienes públicos que es incompatible con quienes aspiran a gobernar nuestras ciudades.

Sobre lo primero, como detalló ayer este Diario, colocar propaganda electoral de manera inadecuada implica quebrantar toda una retahíla de normas, que van desde el reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad y las ordenanzas de cada municipio hasta el Código Nacional de Electricidad y Suministros (que prohíbe colocar estos anuncios en los postes de luz por el evidente riesgo eléctrico que suponen para los transeúntes). Inclusive, el JNE ha detectado algunos casos de publicidad electoral instalada en edificaciones como huacas u otras consideradas Patrimonio Cultural de la Nación –que, por lo mismo, cuentan con una protección adicional–.

Más allá de la cuestión legal –que de por sí ya es preocupante–, estamos aquí ante un evidente caso de aquello que la teoría económica entiende como una “tragedia de los comunes”. No existen, lamentablemente, incentivos suficientes para que los individuos nos preocupemos de preservar aquello que nos pertenece a todos; en este caso, las calles. En otras palabras, al ser de todos, en realidad, la vía pública no es de nadie, y está expuesta a la posibilidad de que los ciudadanos hagan uso de ella sin interesarse lo más mínimo en su cuidado.

Pues, más allá de que los partidos o candidatos infractores reciban una multa por invadir el espacio público con propaganda inadecuada, lo que hemos visto en esta y en anteriores campañas (en el 2014, según datos del mismo JNE, las incidencias por propaganda electoral sumaron un total de 3.055) es una naturalización de la creencia de que la vía es una suerte de terreno baldío, una especie de campo abierto, del que los candidatos pueden disponer para sus intereses particulares –en este caso, publicitarse ante los electores– sin el mayor reparo.

Es cierto, también, que este no es ni de lejos el principal obstáculo que padecen las campañas electorales en el país. Pues como hemos sostenido varias veces a propósito de la necesidad de una verdadera reforma electoral, las elecciones en el Perú enfrentan serios problemas de financiamiento ilegal de los partidos, lavado de dinero, aportantes fantasmas, entrega de dádivas, inclusión de individuos con antecedentes penales como candidatos y un largo etcétera.

Pero no podemos dejar de preguntarnos, en fin, qué esperamos de aquellos que ni siquiera son capaces de respetar las normas de campaña y que, al mismo tiempo, aspiran a dirigir la vida de todos los peruanos.