Votos, no balazos

Unos minutos después de las 8 de la mañana del miércoles, José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, México, subió un post a su Facebook. En él agradecía a todos aquellos que acompañaron su candidatura en los últimos meses e invocaba a la ciudadanía a ir a votar en los comicios de este domingo. “Te invito a que participes y hagas valer tu voz”, escribió. Esa misma tarde, mientras realizaba su cierre de campaña, fue acribillado por la espalda por un sicario en un video que circula por las redes sociales. En cuestión de horas, además de Cabrera, un candidato a la alcaldía de Cuautla, en Morelos, Ricardo Arizmendi, también fue asesinado; mientras que otro que postula al municipio de Encarnación de Díaz, en Jalisco, logró salvar la vida tras sufrir un atentado.

Mañana, México celebrará las elecciones más grandes de su historia, en las que más de 98 millones de votantes elegirán a más de 20.000 cargos. El proceso será histórico también porque, según todos los sondeos, es muy probable que México elija por primera vez a una presidenta mujer. La oficialista Claudia Sheinbaum, científica de profesión, es la favorita para ganar los comicios, seguida de la empresaria Xóchitl Gálvez.

El país elegirá además a 128 senadores, 500 diputados, nueve gobernadores y 14.560 regidores. Sin embargo, pese a que México tiene sin duda muchísimos problemas que esperan solución de parte de las autoridades y en momentos en los que el foco de la campaña debería estar en las propuestas de los aspirantes, la violencia ha terminado por acaparar gran parte de la atención de los mexicanos. Pues, según expertos, estas no son solo las elecciones más grandes en la historia del país norteamericano; son también las más violentas.

Cifras recogidas por el demoscópico Integralia señalan que en la actual campaña electoral (que arrancó oficialmente en setiembre pasado) hubo 316 agresiones a aspirantes a algún cargo de elección, incluyendo 34 asesinatos como los de Cabrera y Arizmendi. A ellos, además, hay que añadir las matanzas a funcionarios, exfuncionarios, políticos y familiares de los candidatos, que suman 197. Y el hecho de que el Instituto Nacional Electoral estimó esta semana que unos 168 centros de votación no se abrirán mañana por motivos de seguridad.

Que México haya alcanzado estos niveles de violencia espeluznantes es sin duda responsabilidad de su clase política, pero principalmente de su presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que llegó al poder en el 2018 prometiendo que implementaría una novedosa estrategia para luchar contra el crimen a la que bautizó como “abrazos, no balazos” y cuyo sexenio, como recordó hace poco el historiador Enrique Krauze en este Diario, dejará cifras de muertes por violencia criminal mayores que las de sus predecesores.

En lugar de reconocer la calamitosa situación en la que se halla el país, el gobierno de AMLO ha optado por acusar a los medios de comunicación de supuestamente manipular las cifras de candidatos asesinados –su gestión ‘solo’ reconoce 24 fallecidos, una cifra igualmente grave– para atacarlo políticamente. Mientras que la Secretaría de Marina informó unos días atrás que 3.474 agentes de las Fuerzas Armadas protegen a 553 candidatos, un número que no solamente es insuficiente para proteger a todos los aspirantes, sino que además casos como el de Cabrera, que fue tiroteado pese a que se encontraba acompañado de efectivos de la Guardia Nacional, revelan que esta protección no basta para disuadir al crimen organizado.

¿Cuántos postulantes asesinados puede aguantar una democracia antes de desmoronarse? ¿Cuán libres son realmente unas elecciones cuando los ciudadanos no pueden escoger entre los candidatos que se presentan, sino solo entre los que sobreviven? ¿Qué sentido tiene que un Estado invoque a sus ciudadanos a participar en política cuando ni siquiera puede protegerlos?

Más de 30 aspirantes asesinados –o de 24, como alega el gobierno de AMLO– durante una campaña electoral, no importa cuán alto sea el cargo al que postulan, es sumamente grave. Es un dato que revela que el crimen le está ganando la batalla a la democracia y que las balas están desplazando a los votos como el medio para llegar al poder (o mantener a alguien alejado de este). Es, sencillamente, un número que ningún demócrata debería aceptar.