El lunes, la Comisión de Ética aprobó el informe de la secretaría técnica que recomienda investigar a la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) en dicho grupo de trabajo, pero solo por haber mentido respecto de su participación en la organización del cumpleaños del exlegislador Paul García el pasado 30 de setiembre, que, como todos sabemos, acabó en el asesinato del ciudadano Christiam Enrique Tirado. Este desenlace fue posible gracias a los votos de ocho de sus colegas, incluyendo su compañero de bancada y presidente de la referida comisión, Diego Bazán, y del voto en bloque de Fuerza Popular (4) y Perú Bicentenario (2).
A primera lectura, uno podría pensar que el resultado de la votación es positivo en la medida en que investigar a la también tercera vicepresidenta del Congreso por una sola imputación es mejor que simplemente no investigarla. Pero este razonamiento sería tramposo. Y es que, después de todo, autorizar una pesquisa contra la legisladora Amuruz, pero ignorando el cargo más grave que pesa sobre ella, es también una forma de exculparla.
Nos referimos aquí a la denuncia en su contra por haber intercedido de alguna forma en la contratación de al menos ocho personas vinculadas a Paul García en oficinas vinculadas a ella. Como informó este Diario a inicios de octubre, esta lista la encabeza nada menos que la hermana del exlegislador, Alejandra García, en el Área de Calidad Legislativa (competencia de la tercera vicepresidencia del Congreso, que Amuruz ostenta), y la completan tres familiares del fallecido Christiam Enrique Tirado (amigo del excongresista), dos extrabajadoras del despacho de García en el período en el que fue legislador (2020-2021) y dos personas vinculadas al movimiento regional Más Callao, que postuló sin éxito al exparlamentario a la alcaldía del Callao el año pasado.
El problema con esta fortuna que parece sonreírles a los allegados al señor García en despachos que dependen de la legisladora Amuruz es que a estas alturas prácticamente no quedan dudas de que ambos mantienen –o mantenían en el momento en que se revelaron los hechos materia de la denuncia– una relación sentimental. Esto, no solo porque es lo que sugirieron García, entrevistado por la prensa (“Lo que se ve no se pregunta”, afirmó), y Amuruz, en declaraciones a la policía (“somos más que amigos”, anotó), sino porque testigos y fotografías daban sentado o cuando menos sugerían una relación entre ellos.
Hay que decir aquí, sin embargo, que cuando ha sido requerida en público sobre el tema, la parlamentaria lo ha negado. “Relación sentimental [con Paul García] no la tengo”, le dijo, por ejemplo, a la periodista Sol Carreño el 8 de octubre. Pero resulta difícil creerle, no solo cuando los hechos que mencionamos en el párrafo anterior parecen desacreditarla, sino cuando la propia palabra de la legisladora Amuruz se encuentra cuestionada. Ella, por ejemplo, ha negado enfáticamente haber estado detrás de la organización de la trágica fiesta, cuando conversaciones de WhatsApp y testimonios de terceros sostienen lo contrario.
Para la Comisión de Ética, sin embargo, lo anterior no sería un problema dado que García y Amuruz no conforman “un matrimonio, una unión de hecho, una convivencia” ni tienen un hijo juntos. Un razonamiento bastante cuestionable pues, bajo esa lógica, un parlamentario podría llenar su despacho de familiares de su pareja siempre y cuando no la reconozca en público.
No se trata aquí, como sugirió durante el debate previo a la votación del lunes el legislador Héctor Valer, de “la vida privada” de una legisladora o de que se trate de penalizar una relación sentimental. Se trata del riesgo de que normalicemos el hecho de que un representante nacional pueda utilizar su cargo para favorecer a los allegados de una determinada persona sin tan siquiera ser investigado por ello.
Esa posibilidad es la que justamente ha bloqueado la Comisión de Ética que, pese a aprobar que se la investigue por una imputación, ha blindado a Amuruz. Porque, al final de cuentas, un blindaje a medias también es un blindaje.
Política
