Sin plan B

La emergencia energética a raíz de la interrupción en el gasoducto de Camisea podía llegar tarde o temprano. Si bien las causas del siniestro aún se investigan –y parecen estar vinculadas a labores de mantenimiento de la empresa operaria, TGP–, la verdad es que el país vive hoy la materialización de un riesgo que venía asumiendo desde hace décadas.

En los últimos años, sigilosamente el gas natural ha venido convirtiéndose en una de las columnas vertebrales de la estructura económica del país. De acuerdo con un informe publicado hoy en Día1 por el Instituto Peruano de Economía (IPE), el gas de Camisea abastece a 2,5 millones de hogares, 528 mil vehículos, más de 100 mil empresas y 38 generadoras eléctricas. Macroconsult estima que entre el 2004 y el 2024 el reemplazo de combustibles más costosos por gas natural y derivados habría generado ahorros acumulados por S/474 mil millones, casi la mitad del PBI nacional. Todo esto beneficia enormemente a familias, trabajadores, industrias, y le da al país una ventaja comparativa especial en tiempos en los que el acceso a energía barata es indispensable para el crecimiento futuro.

Sin embargo, el éxito de Camisea se gestó sobre una fragilidad evidente para cualquiera que haya estado prestando atención. Su prominencia creciente en la estructura económica nacional hacía también al Perú más dependiente de que nada fuera a fallar en la explotación del gas y su traslado. No obstante, el suministro desde Cusco hasta Lima podía interrumpirse por un error humano, como parece sucedió la semana pasada. También podría haber sucedido algo similar como consecuencia de un sismo relevante, de un atentado terrorista, de una falla mecánica, o de cualquier otro evento equivalente. Era, en el fondo, cuestión de tiempo.

Pero esto no debería significar resignación; debería corresponderse, más bien, con inversión en resiliencia. El Perú no adoptó suficientes medidas de contingencia ante el riesgo evidente. De acuerdo con el mismo informe del IPE, la exploración en hidrocarburos se ha ido apagando progresivamente. Entre el 2021 y el 2025, apenas se realizaron tres perforaciones exploratorias frente a 47 en el período 2011-2015. El deterioro del entorno para invertir en encontrar y explotar nuevos yacimientos –desde exceso de regulación hasta conflictividad social– nos hizo dependientes de un único gasoducto relevante. Ahora pagamos las consecuencias de la negligencia de años acumulados sin invertir en respuestas efectivas para un evento que podía suceder en cualquier momento.