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Cualquiera que mantenga frescas en la memoria las elecciones generales del 2021 sabe de sobra que anticipar a los candidatos ganadores de la justa es sumamente difícil, aun con encuestas robustas a disposición. En pocos días el panorama puede cambiar abruptamente. Y si esa incertidumbre era enorme con elecciones próximas a celebrarse, lo es muchísimo más con elecciones a poco menos de dos años de distancia. Es fútil intentar anticipar los resultados del 2026 en este punto.
Hay algo, sin embargo, que sí se puede saber –casi a ciencia cierta– sobre el proceso electoral en ciernes. Será un caos. Solo el pasado 12 de julio, día en que vencía el plazo para afiliarse a un partido político y participar en la contienda del 2026, más de 22 mil personas registraron su inscripción. A la fecha, 30 organizaciones políticas cuentan con la autorización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para competir. El conteo final podría dar más de 40 porque aún quedan 20 en proceso de inscripción. Como referencia, en las elecciones del 2021 hubo 18 candidatos a la presidencia. En el 2016, se presentaron 10. Cinco años antes, el menú electoral era también de una decena. Con los datos actuales, el número de aspirantes a algún cargo de elección pública, entre la plancha presidencial, la Cámara de Diputados, el Senado y el Parlamento Andino, podría acercarse a seis mil.
Por supuesto, esto es inmanejable. El Perú aparece como un caso particular de desorden en el ámbito regional. En sus últimas elecciones presidenciales, por ejemplo, Chile tenía siete candidatos, Argentina cinco y Colombia ocho. Las decenas de aspirantes a la presidencia aquí hablan de un sistema colapsado por el fraccionamiento y la búsqueda de intereses personales.
El impulso de alianzas electorales amplias es lo único que podría prevenir un escenario demasiado convulso. En el Congreso, sin embargo, los avances para facilitar su conformación han sido exiguos. Los proyectos de ley que apuntan a dejar de penalizar las alianzas con una valla electoral más alta no han suscitado apoyo suficiente. Para partidos con algún caudal electoral fijo, como Fuerza Popular o Alianza para el Progreso (APP), el cálculo de promoción de alianzas que le hagan competencia no resulta atractivo. En otros, el pensamiento generalizado parece ser que, si alguien como Pedro Castillo pudo resultar electo en el 2021, ¿por qué no su candidato poco empático y menos conocido en el 2026? A lo mejor tienen también suerte. Es prepararse para las elecciones generales con el espíritu de quien compra un boleto de lotería o una tómbola.
Con el alto número de partidos inscritos o en inscripción, la mayor parte de organizaciones políticas difícilmente disimula su falta de vida política interna o de lineamientos políticos básicos. Son simplemente vehículos formales que permiten acceder a una chance de hacerse de algo de poder. No mucho más que eso, y todos lo saben, pero disimulan también.
Esta es posiblemente la crónica de un caos político anunciado más clara que se ha tenido en mucho tiempo. Electores inundados de candidatos no podrán evaluar correctamente sus alternativas. Autoridades electorales tampoco podrán hacer un seguimiento detallado de una campaña masiva. El dinero de intereses ilegales tendrá amplias opciones para participar. La mayor parte de organizaciones serán solo un cascarón. No sabemos, pues, mucho sobre quién ganaría los siguientes comicios, pero sí sabemos que, en el proceso, nos encaminamos a un caos sin precedentes.