El barrio chino

La Unidad de Investigación de Latina Noticias ha revelado un extraño caso de corrupción, inesperado en la medida en que no existen antecedentes similares. Una novedad es el mecanismo del fraude. Logró vulnerar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), donde los postores registran sus ofertas desde una computadora y esperan a que un invisible dedo informático señale al ganador: aquel que cobra menos. Antes se licitaba mediante sobres cerrados. Los concursantes escribían en uno sus datos y en otro su oferta, hasta que se hizo común que un sobornador eficaz conociera, antes de la presentación de propuestas, la fórmula que le permitiría ganar. Los humanos podían ponerse de acuerdo. Una idea del impacto de lo denunciado la brinda un reciente comunicado de la Cámara de Comercio de Lima. Planteó regresar al método de los sobres cerrados hasta que no se esclarezca lo que hizo estallar al supuestamente insobornable Seace.

Un especialista en informática de 23 años, cuya identidad está protegida, ofrecía los servicios de lo que bautizó como Club del Tarot, que permitía conocer la oferta de los competidores en una licitación. Esto garantizaba ganar. Los clientes eran informados de la oferta más barata ingresada al Seace cuando faltaban pocos minutos para el cierre. Acto seguido, el concursante proponía un cobro ligeramente menor, no importaba la cantidad, y lograba hacerse con la obra. Las empresas ganadoras asumían que su información provenía de las habilidades cibernéticas del vendedor. Creían que había hackeado al Seace y que lograba acceder en tiempo real a la plataforma electrónica de los concursos, para reportar su contenido de inmediato. Pero esa suposición era incorrecta.

Lo que está por conocerse es que el hombre del club era una parte del engranaje. Un personaje, un empresario exitoso de nombre aún desconocido, obtenía la información de uno o más funcionarios corruptos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), que administra el Seace. Los datos eran derivados a su joven cómplice. Este, a su vez, obtenía los clientes y vendía la información. Cobraba un porcentaje del costo del proyecto, con una cuota inicial que podía llegar a 30 mil soles. Sin embargo, por razones aún no determinadas, hace dos meses decidió confesar ante las autoridades y descubrir a sus cómplices.

Es un caso que podría haber seguido durmiendo en la fiscalía. El delator se entrevistó el 4 de abril con el procurador anticorrupción Javier Pacheco, quien antes de finalizar el día lo relacionó con el fiscal coordinador de Corrupción de Funcionarios, Omar Tello. Quedó a cargo Renzo Huamán, un magistrado de este despacho. Allí, hasta la aparición del reportaje, el testigo aún no había suscrito ninguna declaración, aunque contó toda su experiencia y dejó, incluso, su laptop con el registro de sus operaciones. Buscó entonces a los periodistas de Latina Noticias, quienes reconstruyeron los procesos para identificar los proyectos que fueron asignados fraudulentamente. Recién con la publicación del reportaje el Ministerio Público se vio obligado a actuar.

La interrogante que se abre atañe a la verdadera dimensión de los fraudes con esta modalidad. Latina Noticias ofrece documentar unos 30 procesos vinculados al Club del Tarot, para obras públicas cuyo valor suma unos S/1.213 millones desde el 2020. Hasta ahora ha mostrado unos diez. Las objeciones al sistema electrónico introducido por el OSCE en el 2018 comenzaron poco después de su implementación, principalmente porque no tenía una certificación o veeduría externa que brindara garantías. Luego se conocieron denuncias aisladas por victorias “de último minuto”, con propuestas económicas que aventajaban por un estrecho margen a competidores que habían ofertado con anterioridad. ¿Cuántos otros clubes existen operando para distintos clientes? ¿El mismo intermediario que abastecía al Club del Tarot derivaba información hacia otros grupos?

Un botón de muestra es el pedido de investigación, hasta ahora desconocido, que hizo Telefónica al OSCE en una carta dirigida a su entonces presidenta, Sofía Prudencio, el 20 de noviembre del 2020. Señaló tres licitaciones sospechosas de entidades del Estado (Distriluz, Ministerio Público y Sunat) para servicios de telecomunicaciones. Los montos, en total, no superaban los S/40 millones. Su competidora Bitel, filial de la vietnamita Viettel, había modificado su propuesta económica para hacerla menor que la del postor más barato –precisamente, Telefónica–, minutos antes del fin de los procesos. El pedido no tuvo respuesta, solo hubo un cambio en el último paso por la propia legislación: las ofertas ya no se subían a la plataforma en un documento PDF, sino que se digitaban directamente en el Seace. De modo que este campanazo de alerta quedó en la oscuridad. Varios postores, temiendo que desde el OSCE se filtrara información, empezaron a escribir sus propuestas al filo del cierre, a riesgo de quedarse en el aire si se caía el sistema.

Volviendo al Club del Tarot, otro aspecto relevante es que la mayoría de empresas beneficiadas son chinas. Algunas están relacionadas con Felipe Aguilar Quispe, miembro del clan señalado por Karelim López como integrante de una mafia de licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), bajo la gestión del exministro Juan Silva y supuestamente encabezada por el presidente Pedro Castillo. Aunque es visible la invasión de empresas chinas en el mercado de contrataciones públicas del MTC, sus prácticas de corrupción recién están documentándose. Ahora podemos decir que caracterizan la última ola de escándalos en el MTC en los últimos diez años. La primera fue la de las grandes compañías brasileñas. Luego, la del Club de la Construcción, que incluye a las empresas que habrían sobornado a Martín Vizcarra. La tercera ola es la de ellos.

La inversión china en el Perú, estimada en más de US$30.000 millones, principalmente en minería, ha crecido en los últimos tres años en distintos sectores, favorecida por medidas del gobierno de Vizcarra, que bloquearon la participación de constructoras nacionales. A las entidades públicas se les otorgó la facultad de pedir líneas de crédito bancarias a los postores, un requisito innecesario en la medida de que el Estado financia completamente una obra. Es difícil de cumplir para las peruanas, pues está relacionado al capital social de una compañía y se reduce conforme esta se compromete en varios proyectos. Simultáneamente llegaron dos bancos chinos, BOC e ICBC, dispuestos a brindar facilidades financieras a las empresas de su origen. A su vez, el MTC y los gobiernos regionales empezaron a pedir altas línea de crédito, haciendo una norma de lo que simplemente era una opción. Así, con enorme facilidad, desde el cambio de reglas unas 15 constructoras chinas han obtenido contratos por más de S/15 mil millones, 11 de ellas con el MTC. Algunas sin siquiera registrar su propuesta, como lo demostró EC Data. En este sector, una parte de las compañías se alió con empresarios peruanos artificiales, aconchabados con una mafia en el Gobierno.

La Contraloría General de la República ha iniciado una inspección de las obras del MTC a partir de julio del 2021. El Ministerio Público, a su vez, solo investigará casos puntuales, pues el sentido de sus procesos es sancionar a los defraudadores, no diseñar las reformas necesarias. Ambas intervenciones parecen insuficientes. En el 2018, Martín Vizcarra introdujo una argolla moqueguana cuya influencia se mantuvo durante el gobierno interino de Francisco Sagasti. Pero la corrupción en el sector echó raíces mucho tiempo atrás. Lo que se impone es una gran investigación en el infectado MTC, que abarque al menos los últimos diez años. Como es obvio, esta tarea tendrá que esperar un contexto político diferente.