Briceño y la Confiep

Una reciente decisión de la Corte Suprema ha producido un giro en el proceso que afecta al empresario Ricardo Briceño. Fue acusado de lavado de activos en el denominado Caso Cocteles, que se origina en donaciones supuestamente ilícitas a dos campañas electorales de Keiko Fujimori. La iniquidad destacó por las fuertes evidencias de que no donó dinero ni fue intermediario para tal fin. El título del libro que Briceño presentó hace unos días –”¿Qué hago yo aquí?” (Aguilar, 2024)– responde precisamente al sinsentido de haber sido llevado a juicio sin pruebas o, mejor dicho, con pruebas de que está siendo imputado falsamente.

Ahora, por orden de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, se abre el camino para que el juez responsable examine las evidencias que no quiso ver, en contubernio con la fiscalía. Pero una revisión de lo que ocurrió revela que no solo hay magistrados en la parte fea de la historia.

La imputación a Briceño se origina en declaraciones del representante de Odebrecht, Jorge Barata, ante el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez y el procurador brasileño Orlando Martello. Barata sostuvo que en el 2011 dio US$200.000 a la Confiep para apoyar la campaña de Keiko Fujimori. La donación, dijo, se debió a un pedido que le hizo Briceño, entonces presidente de la confederación, en presencia de los principales empresarios del Perú. En la coyuntura se decidía la segunda vuelta electoral entre Fujimori y Ollanta Humala, al que se consideraba enemigo de la inversión privada. En el 2018, en un allanamiento a la Confiep, el Ministerio Público encontró un comprobante de donación de Odebrecht por la cantidad que indicó Barata. Era para una “campaña de medios sobre el proyecto de inversión privada II”, y llevaba la firma de Briceño.

Cuando la fiscalía le abrió investigación, dentro del contingente de 46 personas comprometidas en el Caso Cocteles, añadió un nuevo elemento. Dijo que Briceño había donado S/11.100 de su peculio a Fuerza 2011, que era como se llamaba Fuerza Popular en aquel entonces. Este dinero, sostuvo, no había sido declarado a la ONPE. Además, le atribuyó haber organizado en su casa de Las Casuarinas, un coctel de recolección de fondos para la candidatura.

Al comienzo, a Briceño no le pareció difícil aclarar todo. Había muchos testigos de que en la reunión de la Confiep no le solicitó a Barata fondos para Fujimori. Luego, la donación de Odebrecht fue para una campaña de imagen que destacara el rol de la inversión privada. Suscribió el convenio cuando ya no era presidente de la confederación, porque su sucesor, Humberto Speziani, aún no estaba habilitado por los registros públicos. Por otra parte, no era cierto que en el 2011 donó dinero personal a Fujimori sino a la campaña de Kuczynski, conforme figuraba en la ONPE. Finalmente, no organizó ningún coctel en su casa, la que tampoco quedaba en Las Casuarinas. La dirección que señaló la fiscalía pertenecía a otra persona.

¿Por qué, entonces, terminó incluido en el requerimiento acusatorio, en el 2021? En entrevistas y comentarios periodísticos aparece en primer plano, como maligno protagonista, el fiscal José Domingo Pérez, pero esa figura no refleja toda la verdad.

Efectivamente, el Ministerio Público tuvo los elementos para comprobar que hacía una imputación falsa. Contaba con los documentos probatorios de que la Confiep gastó la donación en una campaña publicitaria institucional. El dinero no ingresó a Fuerza 2011 para ser pitufeado, como ocurrió con otros casos. Cuando Barata fue interrogado por segunda vez, cambió los términos de su declaración respecto de Briceño: dijo no recordar quién habló ni qué le pidieron, solo sabía que entregó la donación. La evidencia de que Briceño no era fujimorista resultaba incontrastable. Los funcionarios de la Confiep interrogados dijeron que no tuvo control sobre la forma en que se gastó la donación. En un acta de consejo directivo, del 31 de mayo del 2011, que tuvo más de 40 asistentes, se recogen las palabras de Speziani, el presidente en funciones, quien sostuvo que la campaña en medios −financiada con la donación− debía mantenerse y mejorarse, previa evaluación. Speziani estaba, pues, al timón. No obstante, declaró a la fiscalía que fue Briceño y no él quien manejó los fondos que llegaron de Odebrecht, pese a que ya no presidía la Confiep.

Esta declaración fue un baldazo de agua fría para Briceño, cuya posición, pese a las evidencias favorables, quedaba debilitada. El fiscal Pérez construyó una teoría según la que, desde fuera de la Confiep, en su calidad de expresidente, había sido un agente de la organización criminal liderada por Keiko Fujimori para captar fondos lícitos, habiendo logrado reunir US$2′077.500 de diversas compañías en favor de su candidatura. Lo hizo, indica, adulterando balances y estados financieros de la organización. La acusación no contenía pruebas. Tomó la cifra del total aportado por diversas empresas para promover la inversión privada, y atribuyó a los mensajes de esta campaña institucional el propósito de “generar incertidumbre, zozobra, confusión”, a fin de impedir que ganara Humala. La imputación de estafa a la Confiep fue a otra fiscalía, donde se determinaría si hubo fraude. Si este se comprobaba la acusación de lavado –que se origina en una actividad ilícita– tendría consistencia. Pero la fiscal Janine León, de un despacho penal de La Victoria, archivó la denuncia: no fue desviado un centavo de la Confiep.

El fiscal Pérez, sin embargo, continuó con su tesis. Peor aún, ello fue permitido por el juez que controlaba la acusación, Víctor Zúñiga. La deplorable actuación de este magistrado en el Caso Cocteles ha sido abundantemente documentada, y su parcialidad expuesta por un fallo judicial que confirmó la violación del derecho de defensa del abogado Arsenio Oré. No deben sorprender nuevas sentencias en el mismo sentido. Una de ellas la del propio Briceño, pues con la última resolución de la Corte Suprema, que lo favorece, es inminente que una sala constitucional superior ordene al juez que vuelva a resolver un pedido de sobreseimiento que rechazó. Pero ahora considerando la resolución de la fiscal León que fue ignorada. Al no haber delito fuente, la acusación por lavado de activos se caería.

La parte final del libro de Briceño reflexiona amargamente sobre lo que considera el silencio de la Confiep durante las investigaciones. La Confiep entregó la documentación solicitada por la fiscalía y, con excepción del expresidente Speziani, la mayoría de sus funcionarios confirmó lo dicho por Briceño. Pero este deseaba un pronunciamiento oficial, que recién se dio en el 2023, bajo la presidencia de Alfonso Bustamante. El reclamo tiene asidero desde que Briceño estuvo imputado por acciones que realizó en calidad de representante de la organización, con acuerdo de sus directivos, y no como persona que dispone de su propio dinero, en cuyo caso correspondía que bailara con su pañuelo. De hecho, así han tenido que hacerlo los empresarios que donaron dinero de sus empresas para Keiko Fujimori, como Dionisio Romero (US$3′650.000) y Juan Rassmuss (US$7′600.000).

En cuanto a Speziani, Briceño dice no comprender completamente por qué le atribuyó el manejo de los fondos donados por Odebrecht, cuando no era cierto. Afirma tener algunas respuestas, pero no las explicita en el libro. Preguntado al respecto para esta nota, Speziani dijo que en el manejo de los fondos donados por Odebrecht no hubo delito y que su administración por la Confiep fue impecable, como lo demostraron dos auditorías independientes. Pero respecto de sus dichos controversiales ante la fiscalía, no se rectificó y dijo, aludiéndose:

−Humberto Speziani no ha faltado a la verdad.